Desde el 24 de noviembre, las centrales hidroeléctricas Paraíso y Darío Valencia, operadas por Enel Colombia en Mesitas del Colegio, Cundinamarca, enfrentan bloqueos que han dejado 400 MW de energía indisponibles, lo que corresponde a dos tercios de su capacidad instalada. Esta situación pone en peligro la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional y la seguridad de comunidades cercanas al río Bogotá.
Enel Colombia advierte que la falta de acceso técnico para realizar mantenimientos afecta también al sistema biológico de control de olores, esencial para las comunidades aledañas. «Si este sistema supera cinco días sin supervisión, no podrá operar», subraya la compañía, alertando sobre los impactos adicionales para la población.
El aumento de los caudales del río Bogotá, exacerbado por fuertes lluvias que han incrementado el flujo en un 320% sobre la media histórica, genera un riesgo de inundación en zonas como la Inspección de Charquito (Soacha). Según el Comité Hidrológico, la operación normal de las centrales sería clave para mitigar esta amenaza. Sin embargo, los bloqueos impiden el funcionamiento a máxima capacidad, elevando la vulnerabilidad de estas comunidades.
La Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional (CAR) y otros organismos, activó un Puesto de Mando Unificado (PMU). Este mecanismo busca garantizar el libre acceso a las centrales, respetando los derechos de los trabajadores e implementando medidas preventivas para evitar emergencias mayores.
Compromisos sociales y causas del bloqueo
Desde 2021, Enel Colombia ha liderado iniciativas de mejora en la región. En octubre, la empresa destinó 3.000 millones de pesos al mejoramiento de vías terciarias mediante un Fondo de Inversión Colectiva, en alianza con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU). Asimismo, ha implementado medidas para fortalecer la infraestructura ante emergencias climáticas recientes.
Pese a ello, las comunidades manifestantes demandan mayor atención, lo que ha llevado al bloqueo de las operaciones. Enel reafirma su respeto al derecho a la protesta, pero condena «las vías de hecho que afectan los derechos de los trabajadores y el suministro energético nacional».
El Gobierno responde con diálogo y estrategias integrales
Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Andrés Camacho Morales, recalca la importancia del diálogo social para resolver la crisis. «El diálogo social es el pilar de la transición energética justa y sostenible que estamos construyendo en Colombia», asegura el ministro, quien ha llamado a valorar a las comunidades como aliados estratégicos en el desarrollo energético.
En colaboración con la Gobernación de Cundinamarca y entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se establecieron mesas de trabajo en el PMU para coordinar soluciones. El Gobierno también destaca que la seguridad de las comunidades y el respeto por sus derechos son prioridades en el manejo de esta crisis.
El Ministerio subraya su compromiso con garantizar el suministro energético y atender las necesidades de las comunidades, trabajando de manera articulada con todos los actores para promover un desarrollo sostenible y equitativo.
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