Como ya había anticipado este medio en artículos anteriores, en los últimos años la política energética de México ha atravesado un ajuste sustancial en sus esquemas de negocios derivados del cambio de la política pública en el sector de la energía.
Algunos de estos cambios son la cancelación de subastas para la compraventa de energía eléctrica y potencia, el diferente criterio en el mecanismo de emisión y acreditación de los Certificados de Energía Limpia (CEL), la eliminación del esquema de generación local y las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.
En este escenario, Maximiliano López Moreno, abogado especializado en regulación y normalización del sector energético examina estos ajustes y sugiere acciones para que el sector de las energías renovables pueda surfear la ola de incertidumbre de la mejor manera posible.
En concreto, ¿qué medidas ha tomado el Gobierno las cuales han redundado en la falta de seguridad jurídica?
Priorización de la CFE: la decisión de fortalecer la CFE y dar prioridad al despacho de sus centrales de generación de energía, incluyendo aquellas que utilizan combustibles fósiles, sobre las centrales privadas de energía renovable y ciclos combinados.
Relegación de energía eólica y solar: la promoción de la generación de energía a partir de combustibles fósiles y la modernización de plantas de energía de carbón, diésel, gas y petróleo, afectan proyectos de inversión en tecnologías renovables. Al limitar la competencia en el mercado eléctrico y dar preferencia a las centrales estatales, el gobierno podría reducir la eficiencia y aumentar los costos para los consumidores.
Reguladores inmóviles: complicar e imposibilitar los trámites para la obtención de permisos de generación por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). La limitación en el número de turnos disponibles para atender los asuntos pendientes, no solo ante la CRE sino en la SENER con las Evaluaciones de Impacto Social; y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) con los estudios para la interconexión y conexión de centrales eléctricas y centros de carga.
Discurso disruptivo: esta administración señala que las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas, por sus características de generación intermitentes y de indisponibilidad, afectan la suficiencia, calidad y continuidad del suministro eléctrico del Sistema Eléctrico Nacional, por lo que no es conveniente priorizar el proceso de interconexión de estas centrales. Incluso son el blanco de ataques por parte del presidente durante sus conferencias de prensa diarias.
Disputas comerciales internacionales: se generaron tensiones con Estados Unidos al no estar comprometidos con el cumplimiento de tratados internacionales. Si se considera que México está incumpliendo tratados y acuerdos internacionales relacionados con el comercio y la inversión, se podrían desencadenar disputas comerciales.
Ante esto, ¿cómo se puede actuar?
Confiar y hacer uso de los contrapesos democráticos con los que cuenta el Estado, la garantía de la legalidad que ofrece ampliamente el Poder Judicial, inclusive el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Estos son fundamentales para asegurar que el marco regulatorio y legal en un país sea sólido, respete los principios democráticos, proteja los derechos y garantice la competencia justa en sectores críticos como la energía, y que todos los actos de autoridad sean emitidos en apego a nuestro marco jurídico nacional.
Otro aspecto que debemos recalcar es la responsabilidad cívica, la participación informada y activa para la rendición de cuentas, utilizar todo el aparato institucional que está a su alcance para garantizar el respeto a sus derechos humanos y libertades.
Además de votar, la ciudadanía también puede influir en la formulación de políticas a través de la participación en procesos de consulta pública, organizaciones de la sociedad civil y la expresión de opiniones y preocupaciones a los representantes electos. Cuando la ciudadanía está informada y comprometida, puede responsabilizar a los líderes políticos de sus acciones y decisiones.
¿Cómo son las etapas de litigio y qué resultados están obteniendo?
En respuesta a los cambios regulatorios y a los actos de autoridad de esta administración, empresas y organizaciones ambientalistas presentaron cientos de amparos ante los tribunales de primera instancia.
Los asuntos avanzan a ritmo lento por las cargas de trabajo, pero no de forma preocupante. Muchos de estos juicios recibieron suspensiones con efectos generales, lo que significa que los actos de autoridad que instituyeron algún perjuicio en la esfera jurídica de los interesados dejaron de aplicarse a todos los participantes del sector mientras se resolvía el fondo del asunto (es verdad que algunos tribunales colegiados han comenzado a revertir estas suspensiones).
Las sentencias que han emitido en el Poder Judicial Federal han generado un impacto en la industria eléctrica, y pueden ser analizados desde varios enfoques:
Las decisiones que serán tomadas en casos futuros deberán estar en línea con la sentencia, o precedentes que el Poder Judicial Federal haya emitido en el entendido que se establecerá la interpretación y aplicación de la ley en cuestión para todos los casos similares.
Al reconocer necesaria una mayor participación de inversionistas privados y competencia en el mercado eléctrico para impulsar la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, se manifiesta un factor determinante en la protección de los intereses y la continuidad de las operaciones en el país de los cientos de inversionista que buscan incursionar en el Mercado eléctrico Mayorista, cambiando la dinámica de la industria y la promoción de inversión nacional como extranjera.
Aliviar las tensiones entre México y sus socios comerciales especialmente con Estados Unidos y Canadá, ya que estos países están involucrados en disputas comerciales relacionadas con la participación de energías renovables. Esto incluye incentivos fiscales, tarifas de alimentación, normativas y regulaciones favorables, y un entorno propicio para la inversión en energía limpia
Se debe analizar si la capacidad de generación de energía renovable en construcción y planificada es suficiente para alcanzar los objetivos de generación limpia. Esto implica considerar proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos y otras fuentes renovables.
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