La convocatoria de la Secretaría de Energía a una Audiencia Pública, el 15 de marzo, para analizar el costo del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), y la que programó para un día después el Enargas para considerar los costos del Transporte y de la Distribución domiciliaria del fluído, se enmarcan en cuestiones técnicas, económicas y legales que el gobierno nacional debe atender, aún en el contexto de “transición tarifaria” que ya determinó hasta que haya una nueva Revisión Integral (RTI).

En los últimos días se difundieron informes y se anotaron declaraciones desde el ámbito oficial que permiten apreciar la persistencia de indefiniciones acerca del criterio que se seguirá en cuanto a los nuevos cuadros tarifarios a aplicar en este rubro, y también en el de la electricidad, y el nivel de subsidio estatal a estos ítems.

La Secretaría de Energía publicó un Informe Técnico correspondiente a la Audiencia Pública convocada para el tratamiento de la porción del Costo Total del Gas que en 2021 se requerirá para abastecer la demanda prioritaria, que el Estado tomará a su cargo, tal como lo posibilita el decreto 892/20 que estableció el Plan Gas.Ar.

Al respecto, Darío Martínez expresó que “esta Audiencia Pública es una buena oportunidad para clarificar este tema intercambiando ideas entre los usuarios, las empresas productoras, las transportistas, las Pymes y el Gobierno”

El Secretario de Energía manifestó que “darle transparencia a la información ayuda a llamar a las cosas por su nombre. Es necesario comprender cuál es la situación actual, de qué parte del costo del gas se está haciendo cargo el Estado y cuál los usuarios, y qué significa eso en tanto costo fiscal y en materia presupuestaria”.

El funcionario agregó que “a partir de la información precisa, es muy importante escuchar a todos los actores respecto de cuál debe ser la porción del costo del gas que esté a cargo del Estado, y de qué manera ese beneficio es trasladado a los usuarios; porque no es lo mismo que se distribuya de manera igual o plana, que ese gran esfuerzo fiscal beneficie prioritariamente a quienes más lo necesitan por su condición socioeconómica”.

Según el Informe Técnico, el Estado Nacional está tomando actualmente a su cargo una porción equivalente al 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria.

La continuidad de esta situación implica un costo fiscal anualizado para el año 2021 de $ 132.963 millones y determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto Nacional 2021, generando un faltante de $ 56.087 millones, lo que requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones.

En el documento también se señala que mantener inalterables las partidas presupuestarias aprobadas en el Presupuesto Nacional 2021, considerando la porción que se imputa a IEASA en concepto de volúmenes de origen importado (Bolivia y GNL) destinadas a financiar la porción que el Estado toma a su cargo del costo total del gas natural necesario para abastecer la demanda prioritaria, implicaría readecuar la proporción de ese costo que hoy toman a su cargo los usuarios.

Ello  implicaría que el componente gas debería ser corregido en un 63%, que se traduciría en una adecuación tarifaria del orden de entre el 26 y el 35 % para el caso de dos ejemplos para consumos mensuales de los meses de marzo y julio respectivamente, indicó Energía, cartera que está en la órbita del ministerio de Economía.

Por otra parte, y con relación a los componentes de Transporte y de Distribución (VAD) de la factura por este servicio, desde el Enargas se han mantenido reuniones con las empresas respectivas, las cuales suministraron informes de costos operativos y formularon sus requerimientos de actualización de esos valores a partir de abril.

El Ente Regulador informó el 5 de marzo que “por primera vez en la historia del Organismo, se encuentra disponible en su portal de Internet, www.enargas.gob.ar, un resumen de las presentaciones efectuadas por las empresas transportistas de gas correspondientes al Régimen Tarifario de Transición (Decreto 1020/20), que es objeto de la Audiencia Pública del miércoles 16.

El citado resumen, se indicó, sintetiza las propuestas de cada transportista, detallando los incrementos en tarifa propuestos (58 % TGS y 44 % TGN) junto a los correspondientes impactos estimados en las facturas promedio, “para facilitarle a la ciudadanía interesada un rápido acceso a las propuestas”.

En los últimos días trascendieron versiones según las cuales desde el Ente Regulador se estaría considerando no reconocer nuevos valores a las transportistas (vale decir que seguirían congelados) en tanto que una actualización del VAD sería en un monto menor al 10 por ciento. Las distribuidoras están disconformes y las transportadoras (TGN y TGS) advierten que si esto se confirma reclamarán judicialmente.