Días atrás, Energía Estratégica llevó adelante el webinar «El gran debate: ‘segundo tiempo’ de la transición energética en Chile», con el apoyo de Future Energy Summit y la participación de referentes del sector que analizaron las grandes oportunidades y los retos para las renovables en el mercado chileno. 

Robin Vargas, LATAM General Manager de ON Energy, fue uno de los protagonistas que formó parte del panel “Grandes parques: El almacenamiento como aliado de la masificación eólica y solar” y brindó su mirada sobre la posible licitación de almacenamiento que el gobierno de Chile proyecta hacia el futuro. 

“Hay una decisión política del gobierno de empujar adelante este tema del almacenamiento porque hay una necesidad imperativa, ya que la cantidad de vertimiento solar que habrá este año romperá récord. De hecho, en septiembre de 2023 ya se rompió el récord del año pasado y el país tiene la característica que el último tercio del año es donde tiene mayor vertimiento”, señaló. 

Para ser precisos, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de Transición Energética que sería el habilitante para la mega licitación de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala en Atacama, por alrededor de USD 2000 millones. 

Dicha iniciativa que aún se encuentra en el Congreso habilitaría a la Comisión Nacional de Energía (CNE) a desarrollar un proceso de licitación por única vez “que responda al diagnóstico común establecido en distintos instrumentos de política pública” y para que los sistemas inicien operación a fines de 2026. 

Sin embargo, Vargas cuestionó si realmente se necesita una convocatoria pública y la intervención estatal para incentivar la inversión privada en el almacenamiento de, sugiriendo que el sector privado ya está tomando medidas, a tal punto que informó que hoy en día hay 457 MW en operación de storage, hay otros 400 MW en pruebas y más de 5000 MW en desarrollo. 

“El privado va a jugar en el mercado, a entender cuáles son las reglas del mismo y tomar riesgos contra otros privados, pero si aparece el aparato público y comienza a moverse de alguna manera cómo se mueve el mercado, hace que muchas empresas aguanten sus inversiones. Incluso, hay proyectos muy grandes que vemos que están paralizados por el temor que puede generar esta licitación de 2000 MW”, apuntó el LATAM General Manager de ON Energy.

Por ello, en lugar de que el gobierno se enfoque en llamados licitatorios de esta índole, Vargas destacó la necesidad de contar con regulaciones actualizadas, acordes a la realidad del país y que el sector energético espera hace tiempo, como bien pudiera ser el reglamento de potencia o cómo seguirá la participación de la industria en cuanto a servicios complementarios. 

“No creo que necesitemos una licitación de almacenamiento para incentivar al sector privado, sino que dicho rubro está tomando acciones hacia ese camino. Más bien lo que se debe hacer es sacar de una vez el reglamento potencia, que viene dando vueltas hace meses”, subrayó Vargas.

“Por otro lado, el gobierno mencionó que quieren hacer una licitación de dos partes, una de infraestructura donde se adjudiquen estos sistemas y luego a esos mismos equipos les darán una licitación de servicios complementarios; afectando potencialmente el revenue al que el privado pudiese apostar. Eso genera mucho temor y determinará qué tan rápido tome el privado posiciones sobre el almacenamiento”, agregó.

“Entonces yo me inclino por el que no, que no debería salir adelante y mi expectativa es que más bien el privado sea el que entre y el público haga regulaciones alrededor de incentivar este tipo de opciones”, insistió el LATAM General Manager de ON Energy.

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