El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, recibirá este jueves a la plana mayor de las empresas eléctricas para detallar el esquema con el que el gobierno quiere avanzar con una rápida reestructuración del mercado eléctrico. El encuentro, confirmado a EconoJournal por fuentes gubernamentales, surgió a pedido de los privados, que a través de una nota enviada por Ageera, la asociación que nuclea a las mayores generadoras de energía del país, le hizo saber al titular de la cartera energética su preocupación por los efectos nocivos que podría provocar a las compañías un paso en falso en la dirección que pretende avanzar el Ejecutivo.

Según un relevamiento realizado por este medio, las empresas comparten el punto de llegada que trazó Rodríguez Chirillo. Las generadoras pugnan desde hace años por volver un mercado de libre contractualización en el que cada empresa puedan explorar distintas opciones para elevar su rentabilidad —desde mejorar la sinergia con el negocio gasífero para jugadores que tienen presencia en ese segmento hasta poner en valor en un mercado marginalista centrales térmicas que hoy cobran una remuneración regulada por el Estado—, por lo que existe un consenso mayoritario acerca de la conveniencia de liberar el mercado eléctrico mayorista (MEM).

Las dudas de los privados están ligadas a cuán viable es ejecutar un cambio copernicano —que en los hechos implica modificar el statu quo estuvo vigente en los últimos 20 años— en un contexto aún de mucha inestabilidad y en un mercado desfinanciado, por un lado, por la decisión del Ministerio de Economía de congelar las transferencias del Tesoro para cubrir los costos de generación y transporte de energía y por el otro, por el incumplimiento de varias de las mayores distribuidoras del país, que no están pagando —o cubren apenas una parte minoritaria de la factura de Cammesa— la energía que toman de Cammesa, la compañía que administra el mercado mayorista.

Lo que advierten las generadoras frente a ese escenario es que si la cadena de pagos del mercado está virtualmente rota no es factible transferirle a las distribuidoras los contratos de compra-venta de energía (PPA, por sus siglas en inglés) que están en cabeza de Cammesa. Los ‘contratos MEM’, tal como se conocen en la jerga eléctrica, fueron el instrumento que encontró el Estado para ampliar el parque de generación eléctrica en décadas signadas por el atraso tarifario, que impidió que las generadoras pudieran firmar contratos directamente con las distribuidoras por el riesgo tácito que implicaban firmar un acuerdo con empresas que se acostumbraron a registrar pérdidas millonarias en sus balances.

La transferencia de esos contratos a las distribuidoras —que fueron rubricados bajo el paraguas regulatorio de resoluciones de la Secretaría de Energía como la 220/07, 21/2016, 287/17 y programas como el RenovAr— es la piedra basal de la reestructuración del mercado mayorista en la que trabajan funcionarios y asesores legales de la Secretaría de Energía, varios de ellos provenientes de conocidos estudios jurídicos de la city porteña como Jorge Muratorio, de Uriel O’Farrel y Asociados.

Sin intermediación

Rodríguez Chirillo quiere que Cammesa deje de operar como un intermediario en el MEM y no se encargue más de la compra de combustibles para centrales térmicas, tal como señaló este lunes en el evento Future Energy Summit realizado esta semana en Buenos Aires. Cuando se conoció hace 10 días que la Secretaría de Energía quería implementar cambios disruptivos en el mercado eléctrico, la iniciativa encendió las alarmas entre los generadores que enviaron una carta Rodríguez Chirillo solicitándole una reunión urgente para conversar sobre los cambios. Ese encuentro finalmente se concretará este jueves y está previsto que asistan la primera línea de las empresas, es decir, accionistas y gerentes generales de generadoras como Central Puerto, Pampa Energía, YPF Luz, AES, MSU y Albanesi, entre otras. Por estas horas, esa es, al menos, la intención oficial, aunque si el gobierno descomprime la tensión entre hoy y mañana con los privados, es factible que al encuentro terminen asistiendo únicamente directivos de las empresas y no directamente sus dueños.

Lo que más preocupa a las empresas es cuánto podría afectar la reestructuración del MEM que impulsa el gobierno en tanto sujetos crediticios del sistema financiero. El razonamiento es sencillo: si un generador solicita en la actualidad un préstamo en un banco o decide emitir una obligación negociable probablemente consiga los fondos que busca porque las empresas tienen un flujo de fondos garantizados en dólares durante 10 o 15 años por los pagos de Cammesa, una empresa mixta controlada por el Estado Nacional que nunca incumplió sus obligaciones desde que a mediados de los 2000 se pusieron en marcha este tipo de contratos.

Si en lugar de Cammesa la contraparte de ese contrato pasa a ser distribuidoras eléctricas con tarifas congeladas que en los últimos 20 años incumplieron de manera frecuente el pago de su factura con Cammesa, la evaluación del riesgo cambiará de manera inevitable. De ahí el interés de los empresarios en conversar personalmente con el secretario de Energía.

Eduardo Rodríguez Chirillo, Nicolás Posse y Javier Milei.

La semana pasada Rodríguez Chirillo comentó a interlocutores privados que a raíz de la recomposición tarifaria que autorizó el gobierno las distribuidoras van a recomponer su caja en dos o tres meses y el riesgo financiero se irá diluyendo, por lo que apunta a publicar en los próximos días una resolución que especifique las transformaciones que pretende aplicar en el mercado eléctrico. Las generadoras preferirían esperar a que se normalice la cadena de pagos y las distribuidoras cubran la mayor parte de la transacción de Cammesa (hoy están pagan en promedio sólo un 50%).

Un punto importante es que la mayoría de las distribuidoras —salvo Edenor y Edesur— dependen regulatoriamente de las provincias, por lo que son los gobernadores los que deben autorizar las subas de tarifas. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ese proceso está demorado, razón por la cual Edelap, Edes, Edea y Edea, las distribuidoras del interior bonaerense, prácticamente no están pagando sus compromisos con Cammesa.

Lo que especulan fuentes privadas consultadas por EconoJournal es que la Secretaría de Energía avance, entonces, con una medida parcial como la transferencia en el plano administrativo a las distribuidoras de los contratos MEM, pero aclarando que la decisión recién se instrumentará de forma definitiva dentro de determinado plazo, una vez que se normalice la cadena de pagos entre los actores del mercado. Mientras tanto, durante esa transición, Cammesa seguiría estando a cargo de la remuneración de los contratos en dólares en poder de las empresas. «Sería una manera de descomprimir el ruido que genera una medida tan ambiciosa como esta», admitieron en una generadora. Los interrogantes se empezarán a develar este jueves cuando Rodríguez Chirillo se encuentre por primera vez con los máximos referentes privados del sector.

, Nicolas Gandini