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La situación política en Argentina como tradicionalmente sucede, es compleja y está plagada de desafíos económicos y sociales significativos. La gestión energética también presenta enigmas a resolver, especialmente por la distorsión de precios, producto de los subsidios. Justo es señalar que todo el arco político argentino coincide en que es necesario reducirlos.
El presidente Javier Milei, un economista fundamentalista de la escuela austríaca y autodefinido como anarcocapitalista, es la figura más pintoresca y audaz que ha ocupado la casa Rosada. Llega abogando por políticas de libre mercado y por la reducción del gasto público.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, elaborado por el Poder Ejecutivo con la robusta influencia directriz de los más encumbrados sectores económicos nacionales e internacionales, despliega una serie de disposiciones que reconfiguran el panorama económico en general y en particular del sector energético, donde menguan las facultades del Estado, fundamentalmente en las decisiones de autorización de exportación e inversiones estratégicas.
Una de las mayores preocupaciones del sector, finca en la continuación o no de la obra pública, en particular el segundo tramo del gasoducto NK (Salliqueló-San Jerónimo) y las obras complementarias para la reversión del flujo del gasoducto Norte.
La derogación de leyes y decretos previos sitúa también, a los agentes privados en el epicentro de las transacciones, áreas críticas como el transporte de energía eléctrica de alta tensión, para disgusto de los promotores de las menos competitivas eólica y solar.
En el ámbito del comercio exterior, el DNU 70/2023 introduce modificaciones al Código Aduanero, especificando que el Poder Ejecutivo Nacional carecerá de la facultad de imponer restricciones o prohibiciones a exportaciones o importaciones por razones económicas, salvo mediante ley.
Este cambio radical busca despojar al Estado de su intervención discrecional en el proceso de autorización, permitiendo a las empresas firmar contratos de exportación sin interferencias estatales, con la intención de garantizar derechos consolidados durante todo el año.
Además, la derogación de incentivos estatales para energías renovables, como el Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables y Certificados de Crédito Fiscal, marca un giro en la política energética, colocando en manos del mercado la decisión de impulsar o no las fuentes renovables, desviándose del cumplimiento de algunos compromisos ambientales internacionales asumidos por la República Argentina.
Habrá que estar atentos al intrincado escenario del sector del downstream donde se revela la presencia marcada de oligopolios, estructuras de mercado con pocos oferentes donde las acciones de uno impactan indefectiblemente en los otros.
Estas condiciones que a priori pueden conducir a un poder significativo sobre los precios y el mercado resultan, en ocasiones, barreras protectoras de la competitividad del país, teniendo en cuenta la voracidad de la multinacionales que operan con commodities.
El DNU también deroga disposiciones como el decreto 634/03 y la Ley N° 25.822, que regían ampliaciones en el transporte de energía eléctrica, transfiriendo la toma de decisiones anteriormente burocratizada a actores privados guiados por su conveniencia económica.
En definitiva, el DNU 70/2023 de Milei, embellecido con la retórica de la libertad económica, redefine las dinámicas del sector energético argentino, confiriendo mayor autonomía a los actores privados, pero suscitando debates sobre el equilibrio entre la libertad empresarial y la responsabilidad
A veinte días de asumir, las encuestadoras coinciden en la caída de la imagen presidencial y de rechazo al DNU. Los legisladores parecen haber percibido lo mismo.
La moneda ya está girando en el aire, la vertiginosa dinámica de la política argentina mostrará, en breve la efectividad o ineficacia de las propuestas libertarias.
