La Cámara de Diputados de Argentina dio luz verde a las reformas estructurales propuestas por el oficialismo y aprobó el proyecto de ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, popularmente conocido como “Ley Ómnibus”.
“Es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los Diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, manifestó el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales.
¿Qué implica para el sector energético? La Cámara Baja le dio media sanción a la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, la privatización total de Energía Argentina (ENARSA) y las reformas a Leyes N° 15.336 y 24.065 con el fin de liberar la comercialización, competencia y ampliación del mercado eléctrico, especialmente la libre elección de proveedor de energía eléctrica a los usuarios finales.
Con ello el Poder Ejecutivo pretende “adecuar” las tarifas del sistema energético para que éstas reflejen el costo real del suministro y propender a la explicitación de los diferentes conceptos a pagar por el usuario final, con las distribuidoras actuando como agentes de percepción o retención de los importes a percibir en concepto de energía, transporte e impuestos correspondientes al MEM y al Fisco.
Además, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, en lo particular, los doce capítulos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sin modificaciones al tiempo de extensión del mecanismo (30 años) ni a los montos de inversión en activos computables (desde USD 200.000.000 hasta USD 900.000.000, cualquiera sea el sector productivo involucrado); pero sí respecto plazo de adhesión.
Los vehículos de proyecto único (VPU) titulares de una o más fases de un proyecto que califiquen como “Gran Inversión” podrán solicitar participar de este régimen en los primeros dos años desde su entrada en vigencia, pero el gobierno sólo podrá prorrogar el plazo en un año en lugar de dos como primeramente estaba previsto.
Del mismo modo, el RIGI establece beneficios fiscales que alcanzan a impuestos nacionales y provinciales. En efecto, el artículo 187 dispone que las importaciones para consumo de mercaderías o temporarias de las firmas adheridas estarán exentos de derechos de importación, el impuesto PAIS, tasa estadística (de jurisdicción nacional) y “de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”.
Miradas contrapuestas
La particularidad es que esta media sanción llegó pocos días después de que parte del sector energético de Argentina manifestó ciertas dudas respecto al RIGI, como por ejemplo en los montos de inversión, plazos de adhesión y el incentivo al desarrollo local e internacional, principalmente en proyectos de hidrógeno verde.
“¿Cuántos se imaginan que puede encargar un electrolizador para un proyecto, aunque sea piloto a mediana escala? No menos de 3 a 5 años. Un proyecto de verdad de H2V hay que pensarlo a 100 años. Comienza con una generación y le van a seguir 2, 3, 4 más. Los proyectos deben tener estabilidad jurídica, pero deben tener estabilidad a lo largo de toda la vida del proyecto”, planteó Juan Manuel Alfonsín, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER).
“El RIGI desarma toda política destinada a desarrollar proveedores, estimular el compre argentino y mejorar la competitividad de la industria y las pymes. Nuestras industrias deberán pagar aranceles de importación para ciertos insumos que no deberán afrontar quienes ingresen en este régimen, generando desincentivos groseros a la producción en el país”, señaló en sus redes sociales el ex-ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, a pesar que aclaró que está conceptualmente a favor del creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Mariela Beljansky, subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, recogió el guante, garantizó que el Estado no obstaculizará el esfuerzo del sector privado y subrayó que desde el gobierno trabajan en ajustar la propuesta de ley de hidrógeno.
“Queremos que los proyectos de H2 tengan la chance de existir y luego, naturalmente, vendrá la posibilidad de hacer acuerdos con proveedores locales porque los ayudará a ser más competitivos o por los servicios de post-venta, pero es una decisión del inversionista y debe tener total libertad de contratar los proveedores que desee”, apuntó Beljansky.
“Pretendemos revisar las cuestiones que ya están. Pero ya entendimos que el RIGI necesita algunos ajustes para considerar los tiempos de implementación de proyectos de H2V pero esperamos que se acerquen las propuestas del sector. También podemos trabajar de la mano de los legisladores, pero que se haga de manera articulada”, agregó.
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