La disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) generó posiciones contrapuestas dentro del sector energético argentino, desde aquellos que entienden la medida hasta players que lo consideran como un error. 

¿Por qué? La determinación gubernamental se debió a una auditoría de la Sindicatura General de la Nación que detectó falencias en el funcionamiento del FFTEF, y si bien desde el sector acompañan que exista transparencia de las inversiones del Estado, el Ejecutivo no aún definió un nuevo mecanismo para fomentar las obras. 

“Argentina cuenta con un Plan Federal de Transporte Eléctrico hace tiempo donde se detallan las obras prioritarias, pero es preciso que esté acompañado con la aprobación de las normas que aseguren su concreción en tiempo, a través de la iniciativa y financiación privada allí donde sea posible. Es importante a su vez, que los fondos del FFTEF trasladados a la Secretaría de Energía sean eficientemente destinados a proyectos necesarios y no sean de libre disponibilidad”, plantearon desde la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER). 

“La disolución del FFTEF es un grave error, porque son fondos que pusieron las provincias y entes internacionales, entre otros agentes del sector, más sabiendo que la falta de infraestructura de transporte el gran cuello de botella energético”, apuntaron desde la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE) en diálogo con Energía Estratégica.

Mientras que fuentes de la distribución de energía sostienen que los distribuidores no pueden mejorar la calidad de energía que reciben del transporte, por lo cual para que el mercado se desarrolle con eficiencia es fundamental que se realicen las obras que el sistema necesita para acompañar el crecimiento sostenido de la demanda.

“Consideramos que la eliminación del FFTEF no afectará al sector, simplemente la Secretaría de Energía de la Nación tomará ese rol y destinará los fondos a continuar obras ya iniciadas y focalizarse en proyectos de sumo interés”, remarcaron desde la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGEERA). 

Y cabe recordar que el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal había sido creado en 1999 con el objetivo de financiar obras de ampliación del sistema de transmisión en alta tensión, subvencionado con un porcentaje sobre el recargo de las tarifas que pagan las empresas distribuidoras y los grandes usuarios por compras en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

Además, en 2023 la Sec. de Energía de la Nación aprobó un conjunto de ampliaciones de las redes de transporte eléctrico y readecuaciones de estaciones transformadoras existentes en el país, por más de USD 7000 millones en inversiones que permitirían incorporar 3550 MVA de capacidad renovable, como también garantizar la confiabilidad del SADI.

Incluso, dicho programa incluyó las LT Vivoratá – Plomer correspondiente al proyecto AMBA I, obra prioritaria de más de 500 kilómetros que iba a ser financiada por China pero que se mantuvo trabada por más de un año; o mismo la interconexión eléctrica Río Diamante – Charlone – O’Higgins de casi 487 km entre Buenos Aires y Mendoza. 

Sin embargo, hasta la fecha no hubo avances ni se concretó una herramienta licitatoria o recaudatoria de fondos respectiva; pero el gobierno de Javier Milei amagó en reiteradas oportunidades con abrir convocatorias para que el ámbito privado sea quien lleve adelante la infraestructura necesaria y desde la industria eléctrica aguardan expectantes.

“Estaría por salir una resolución que abordará la expansión del sistema de transmisión, en lo que hace a las obras que seguirá haciendo el sector públicos y aquellas que podría resolver el sector privado, intentando incentivar las obras. Con lo cual estamos más atentos a eso que con lo que pueda pasar con el FFTEF”, afirmaron fuentes de AGEERA.

Es decir que la actual gestión podría dar continuidad a los mecanismos vigentes, tal como la presentación a inversiones en redes de transmisión en el MATER junto a proyectos de generación, o bien una nueva etapa tras las manifestaciones de interés para gestionar y financiar ampliaciones del sistema. Por lo que resta conocerse de qué modo se expandirá la red y facilitar el desarrollo de obras en más de 132 kV. 

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