. La Secretaría de Energía de la Nación estableció una “asistencia económica transitoria”, estimada en $ 950 millones, para las compras de gas natural que realizan 64 subdistribuidoras de todo el país.
A través de la resolución 507/2021 publicada en el Boletín Oficial, se indicó que tal asistencia “consistirá en el reconocimiento del 25% de la facturación que en concepto de compra de gas natural –neto de impuestos- abonen mensualmente las subdistribuidoras”, que fueron enumeradas en un Anexo de Ia citada norma, “durante el período mayo a noviembre de 2021, multiplicado por el volumen de gas natural subdistribuido en cada mes”.
La resolución determina además que “para acceder a los beneficios, las subdistribuidoras listadas deberán presentar la documentación respaldatoria suficiente que acredite el precio y el volumen pagado a la distribuidora zonal en cada uno de los periodos” que abarca la medida.
En los considerandos de la resolución, enmarcada en la ley 27.541 de emergencia pública en materia sanitaria, vigente hasta el 31 de diciembre próximo, se hace referencia a que las subdistribuidoras nucleadas en la Federeación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina (FESUBGAS) y el Instituto de Subdistribuidores de Gas (ISGA) presentaron una Nota en marzo último ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), informando “su delicada situación financiera, solicitando medidas paliativas para el sector”.
Asimismo, FESUBGAS e ISGA presentaron otra Nota en mayo ante la Subsecretaría de Hidrocarburos “en la que reiteraron la delicada situación financiera en la que se encuentran, acompañando un listado de las 64 subdistribuidoras.
En rigor, estas empresas venían reclamando desde su participación en la Audiencia Pública que se realizó en marzo para tratar el tema de las tarifas del transporte y la distribución del gas natural por redes, con vistas a su descongelamiento luego de dos años. Advirtieron sobre su delicada situación económica y financiera en el contexto de la pandemia del Covid 19, y pidieron ser tenidas en cuenta por el gobierno. Se trata en su mayoría de empresas que operan bajo la forma de cooperativas.
“Encontrándose esta Secretaría facultada a dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios a efectos de establecer un mecanismo de transición, corresponde en este acto disponer de una asistencia financiera temporal que coadyuve a la continuidad de la prestación del servicio de subdistribución de gas natural”, señala la resolución 507.
Esta decisión resulta complementaria de las modificaciones tarifarias dispuesta a principios de junio para las distribuidoras de gas por redes domiciliarias (VAD, del 6 % promedio) y la decisión de no modificar el cargo por transporte del gas. En cualquier caso lo dispuesto por el Enargas (organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Energía) quedó lejos de las aspiraciones de las operadoras del servicio, en el marco de un esquema de “tarifas de Transición” hasta el 2022, cuando debería definirse una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI).
