Por Santiago Magrone

A mediados de octubre el gobierno nacional presentó en Neuquén los lineamientos básicos del denominado “Plan de Promoción de la Producción de Gas Argentino 2020-2023” y desde esa fecha se aguarda la publicación del decreto que habrá de disponer el “detalle fino” del esquema.

Tiene como objetivos declarados “incentivar la inversión y la producción de gas para detener el actual sendero de declinación productiva de este insumo,  satisfacer la demanda interna, sustituir importaciones ahorrando divisas, bajar el costo fiscal en este rubro, y potenciar el empleo en esta industria”.

A la fecha, desde fuentes gubernamentales se afirma que la oficialización de ése decreto es cuestión de pocos días.  La demora obedeció a la necesidad de definir algunas cuestiones clave con las empresas productoras para poder encarar una reactivación casi inmediata de la actividad, habida cuenta que ya ingresamos a noviembre y la pretensión es reducir las importaciones de este insumo a partir del invierno 2021.

Una de tales cuestiones pasa por la garantía de cobrabilidad de los beneficios dispuestos en el nuevo esquema, y en tal sentido se planteó como  un reaseguro posible el pago anticipado por parte del Estado del equivalente al 75 por ciento del volumen de gas entregado mes a mes, ajustándose el monto al final de cada periodo vencido.

Otro mecanismo de reaseguro que las empresas analizaron con la Secretaría de Energía (dependiente del Ministerio de Economia) es cobrar mediante le efectivización de crédito fiscal. Incluso ambos mecanismos pueden ser complementarios, se indicó.       

Este tema ha sido contemplado en el articulado del proyecto de Presupuesto 2021 (Artículo 89) que ahora deberá ser tratado en el Senado de la Nación, y que faculta a Economía (vía Secretaría de Energía) para otorgar incentivos a las empresas a través del pago de una compensación y la emisión de Certificados de Crédito Fiscal en garantía, aplicables a la cancelación de las deudas impositivas con la AFIP.

Otro ajuste al esquema de subsidio se refiere a la precisión del plazo de vigencia para el caso de las producciones de gas Off Shore, el cual habría sido establecido en 8 años, y no de 3 años más 1 como el que regirá para las producciones On Shore.

El programa procurará “generar desarrollo en las regiones productoras, tanto de sus Pymes y Empresas Regionales como del resto de la Industria, y la Tecnología Nacional”.

En sus aspectos esenciales el plan definido por Economía establece un requerimiento de provisión de gas a distribuidoras domiciliarias y a CAMMESA  (para las generadoras térmicas) de 70 millones de metros cúbicos diarios,  que se adjudicará mediante un esquema de subasta de precios entre las productoras oferentes.

El suministro de este gas será mediante contratos por tres años, con un volumen adicional en cada uno de los inviernos comprendidos en dicho plazo.  Estado nacional aportará la diferencia entre el precio de adjudicación y un precio estímulo que tendrá un tope de 3,70 dólares por Millón de BTU para el gas de la Cuenca Neuquina (no convencional).

“Sería un precio razonable el de 3,50 dólares promedio país, con lo cual el gas de yacimientos convencionales (por caso en la cuenca Golfo San Jorge y Austral) se pagaría en torno a los 3,40 dólares¨ el MBTU. “Entre 2 y 2,50 dólares los paga la demanda (usuario) en su factura y entre 1 y 1,5 dólares los aporta el Estado” se explicó a E&N.

Los cálculos realizados por Economía contemplan para el 2021 un costo fiscal de 1.491 millones de dólares;  de 1.325 millones en 2022;  y de 1.174 millones en 2023, con un ahorro final acumulado de 1.172 millones de dólares , comparado con el costo fiscal que implicaría la no aplicación de este esquema, se graficó.

El Plan Gas Argentino 2020-2023 apunta a sustituir 18 mil millones de metros cúbicos de gas que son actualmente importados, y esto a través de una inversión de 5 mil millones de dólares por parte de las empresas productoras.

Principales productoras como YPF y PAE ya han planificado la subida de equipos desde noviembre en una y otra cuenca para incrementar la producción,  siempre condicionados por la Pandemia.

El reaseguro de cobro quedó planteado luego de la experiencia atravesada por los productores enmarcados en la Resolución 46/2017 , de estimulo a la producción de gas proveniente de reservorios no convencionales de la cuenca neuquina, que propio gobierno de Cambiemos revisó limitando sus alcances dado su elevado costo.

 En sus aspectos esenciales el nuevo Plan anunciado por la Administración de Alberto Fernández fue bien saludada por las cámaras empresarias de esta industria.. Y la semana pasada el Presidente recibió en Olivos –por separado- a Paolo Rocca (Techint-Tecpetrol) y a Marcos Bulgheroni (PAE), como parte de una serie de contactos con otros empresarios procurando dinamizar relaciones e inversiones para ordenar la macroeconomía post-pandemia.

Pero en el transcurso de estas dos últimas semanas el gobierno y las principales productoras también consideraron una cuestión que quedó pendiente de resolución y que remite al 2018 cuando, la fuerte devaluación del gobierno macrista  produjo un fuerte defasaje entre el precio del gas en dólares suministrado por las productoras a las distribuidoras, y el equivalente en pesos que éstas debían afrontar para pagarlo (Diferencias Diarias Acumuladas) en los meses subsiguientes.

Cuando tales DDA no resultaban grandes las distribuidoras se las facturaban a los usuarios, pero la envergadura del monto post-devaluación derivó en la inconveniencia de aplicar ese mecanismo, y también en la argumentación de las distribuidoras de su propia “imposibilidad” de hacerse cargo.

El entonces Secretario de Energía, Javier Iguacel, tuvo la ocurrencia de anunciar que pautaba el pago a cargo de los usuarios en 24 cuotas mensuales consecutivas, lo cual derivó en una airada reacción ciudadana, políticamente inconveniente para el gobierno.

Así las cosas, Mauricio Macri recurrió a un nuevo DNU, el 1053, que puso al Estado nacional a hacerse cargo de la deuda con  las productoras, pautando su pago en dos años . Cuando se despidió de la Casa Rosada sólo había pagado una cuota, sobre nueve que debía.

Ese DNU fue anulado por el Senado de la Nación este año y el tema quedó en un limbo hasta que en el tratamiento en Comisión del proyecto de Presupuesto 2021 (en Diputados) se incluyó el Artículo 92 que destinaba casi 30 mil millones de pesos para saldar lo que las productoras siguen esperando cobrar.

El listado de productoras incluye, entre otras, a YPF, Total,  Wintershall, Pluspetrol, Pampa Energía y  CGC.

Al realizar la moción de rechazo a dicho artículo, el diputado mendocino José Luis Ramón recordó el rechazo al DNU 1053/18 y sostuvo que “pretenden trasladar la imprevisión de lo que le costaba a las distribuidoras el gas en dólares y la diferencia en pesos, a los consumidores”. “No se está cuidando el interés del usuario y si el de un grupo de empresas para favorecerse económicamente”, enfatizó.

Al momento de votar el Presupuesto  dicho artículo fue eliminado. La oposición de Cambiemos había decidido abstenerse en la votación, y nadie defendió el 92. No está claro que ocurrirá con esta cuestión.