El mes pasado, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, contó ante empresarios que en estos momentos la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) está determinando los costos-beneficios de la aplicación de la medición inteligente (AMI, por sus siglas en inglés), para determinar su viabilidad económica y financiera y poder aplicarla este mismo año.

Todo indicaría que los análisis arrojarían buenos resultados. De ser así, la CREG lanzaría una resolución en la que, entre otras cosas, se fijaría el objetivo que señala que, al 2030, el 75% de los usuarios del país deberán tener instalados medidores inteligentes.

Esto generaría múltiples beneficios, enfatizó Mesa. “Con AMI se puede tener la medición en tiempo real en el teléfono. Ver en qué momentos del día se consume más, calcular el consumo respecto a las tarifas horarias y habilita el internet de las cosas. Es un cambio totalmente revolucionario para la distribución de energía eléctrica en el país”, destacó.

Pero recordó que el eje del debate es quién debería hacerse cargo de las inversiones de esta migración de medidores convencionales a unos inteligentes. Está estipulado que los costos rondarían los 8 billones de pesos, es decir, un poco más de 2 millones de dólares.

En ese sentido, el funcionario fue tajante en su posición: “Los beneficios que trae la medición inteligente para los operadores de red en materia de facturación, de reducción de pérdidas, de eficiencia con respecto a la calidad de las redes, nos demuestra que estos costos deben ser asumidos por ellos”.

Explicó que este tipo de soluciones podrían generar ahorros en los operadores de red de entre el 10 al 20%, dependiendo del número de usuarios y sus consumos. “Hoy vemos que no es necesario que ese costo sea trasladado al usuario”, sopesó.

Además, Mesa agregó que, en virtud de la nueva Ley de Transición Energética (N°2099), la medición inteligente quedó contemplada dentro de los beneficios tributarios fijados en la Ley 1715, bajando aún más sus costos.

Cabe recordar que tales incentivos son: exclusión de IVA, cero aranceles, sobre-deducción de renta y depreciación acelerada.

“En el modelo financiero nuestro, los beneficios hacen que estos proyectos cierren en materia financiera y contable”, destacó Mesa.