El gobierno nacional ha publicado en el Boletín Oficial el Decreto 895/24, que marca un paso significativo en la privatización de las hidroeléctricas Alicura, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en los ríos de Neuquén y Río Negro. Este movimiento ha generado preocupación entre los gobiernos provinciales, que reclaman mayor control sobre estos recursos naturales.
Según replicó Canal 7 de Neuquén, la medida establece que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada en julio, será la encargada de gestionar la venta del paquete accionario de estas empresas. Este decreto permite a los propietarios actuales, ARSA y Nucleoeléctrica, transferir la energía para su venta, lo que plantea un cambio significativo en la administración de las hidroeléctricas.
El ministro de Infraestructura de Neuquén, Rubén Etcheverry, comentó que este decreto no modifica sustancialmente la estrategia provincial respecto a la gestión de las represas. Aclaró que, aunque se incorporó la nueva agencia al proceso, los plazos y condiciones para la privatización permanecen sin cambios.
Etcheverry enfatizó que han estado en contacto con el Secretario de Energía de la Nación para coordinar esfuerzos y discutir los avances en la privatización. “No hay cambios en la postura de Neuquén o Río Negro”, afirmó, sugiriendo que la colaboración continuará a pesar de la nueva estructura organizativa.
Los gobiernos de ambas provincias han manifestado su preocupación por la falta de poder de gestión sobre estas hidroeléctricas, que consideran recursos naturales propios. Durante años, han reclamado una mayor participación en la administración de estas instalaciones, argumentando que generan ingresos significativos para el país.
El ministro también hizo hincapié en la importancia de discutir el uso del agua y el canon que recibirán las provincias por la explotación de estos recursos. Neuquén mantiene su posición firme sobre la necesidad de establecer un acuerdo que respete sus reclamos, buscando evitar futuros conflictos.
En cuanto a las empresas concesionarias, Etcheverry indicó que han expresado su interés en continuar operando bajo las nuevas concesiones, aunque todas enfrentan reclamos por remuneraciones en defecto de parte de Cammesa y el gobierno nacional. Este aspecto resalta las tensiones existentes entre las provincias y el gobierno central en torno a la gestión de recursos energéticos.
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