El gobierno de Brasil lanzó el Pacto para la Transformación Ecológica por el que se alínea a los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para llevar adelante 26 medidas que permitan reformular el modelo de desarrollo económico del país y considerar aspectos claves de la relación entre la sociedad y el medio ambiente.
La particularidad es que, entre las principales medidas, se incluyó la aprobación del marco legal para el mercado de carbono, la regulación específica para la producción de energía eólica marina, actividades de captura y almacenamiento de dióxido de carbono y la ampliación de financiamiento y reducción del costo del crédito para sectores, proyectos y prácticas sustentables, entre otros.
“No se trata, por tanto, sólo de una agenda medioambiental centrada en sectores concretos, como la transición energética que está en marcha. Este tampoco es un plan ambiental aislado, sino una propuesta para reformular nuestro modelo de desarrollo económico, que considera todos los aspectos de la relación entre la sociedad y el medio ambiente”, afirmó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
“Debemos disponer de nuestros recursos naturales de manera responsable e innovadora, concibiendo, produciendo y adoptando tecnologías que ciertamente marcarán el futuro de la economía mundial, hacia el desarrollo sostenible, en línea con lo que estamos haciendo en la transición energética de Brasil”, complementó Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados.
Es decir que son temas que van más allá de la agenda tradicional en el camino de la mitigación del cambio climático y a los que le darán prioridad en el corto plazo, siendo el marco regulatorio para la eólica offshore uno de los más relevantes para las renovables, considerando que las iniciativas N° 11247/2018 y N° 576/2021 ya se encuentran en el Senado para su tratamiento.
Incluso, recientemente el Congreso de Brasil realizó una durante la audiencia pública dedicada a esos proyectos de ley, donde se centró la idea de reflotar principalmente el texto del ex senador Jean Paul Prates que refiere a incentivos/subsidios relacionados con esa fuente de energía.
De lograrse la sanción definitiva, el Poder Ejecutivo será quien deberá definir las áreas sujetas a la instalación de equipos de generación; aunque las mismas no podrán estar en campos petroleros, rutas de navegación marítima o áreas protegidas por la legislación ambiental.
“Debemos disponer de nuestros recursos naturales de manera responsable e innovadora, concibiendo, produciendo y adoptando tecnologías que ciertamente marcarán el futuro de la economía mundial, hacia el desarrollo sostenible, en línea con lo que estamos haciendo en la transición energética de Brasil”, sostuvo Arthur Lira, presidente de la Cámara de Diputados.
“Tenemos la oportunidad de enfocarnos en nuevas formas de producción que no agraven el efecto invernadero y no afecten al medio ambiente”, complementó el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, quien también destacó que este acuerdo entre los tres Poderes del Estado podría servir como “modelo” para otros procesos y países.
Tal es la expectativa sobre la eólica offshore que, a falta de una regulación específica, el sector privado sigue presentando proyectos ante el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y ya son 97 los parques con procesos abiertos ante la Junta de Licencias Ambientales, que suman más de 234 GW de potencia,
Incluso, la empresa petrolera brasileña semi-pública de propiedad mixta, Petrobras, mantiene un proceso abierto para la concesión de diez licencias ambientales de centrales eólicas marinas por casi 23 GW de capacidad, aunque el objetivo final es llegar a los 30 GW en los próximos meses.
Mientras que el Banco Mundial recientemente determinó que, en el escenario más ambicioso, Brasil cuenta con un potencial técnico de más de 1200 GW, incluidos 480 GW de cimentación fija (a profundidades inferiores a 70 metros) y 748 GW de potencial de cimentación flotante (profundidades de 70 a 1.000 m).
En tanto que el costo podría oscilar entre USD 64 (R$ 344) por MWh en los primeros proyectos (alrededor de un 50% por encima de los precios de energía solar y eólica terrestre) a USD 40-50 (R$ 215-268) por MWh hacia el 2050.
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