El Ministerio de Energía de Chile lanzó la Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática del sector Energía, que tiene el objetivo principal de proponer una hoja de ruta que oriente y materialice las transformaciones requeridas en el sector energía para que éste sea capaz de anticipar, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de los efectos de la crisis climática.
Por tal motivo es que el documento plantea 17 medidas a fin de construir un horizonte común para la resiliencia energética de manera costo-efectiva y eficiente, permitiendo optimizar la operación del sistema, reducir los costos a largo plazo y mejorar la competitividad en un escenario de crisis climática. Aunque cabe aclarar que el archivo estará en consulta pública hasta última hora del viernes 30 de agosto.
“No sólo es un compromiso del programa de gobierno, sino también una necesidad del sector porque se trata de concretar la política energética nacional desde la perspectiva de la resiliencia, manteniendo la orientación hacia la eficiencia, que es la manera de asegurar un mejor y más justo servicio para las personas”, señaló Diego Pardow, ministro de Energía de Chile.
“Y el sector energético está expuesto a los efectos del cambio climático y, en particular, nuevos cuellos de botella se encuentran sujetos a estos desafíos”, agregó durante el lanzamiento de la Estrategia.
El enfoque local está dirigido a disminuir las brechas entre las regiones para nivelar la preparación frente a la crisis climática y considerar la perspectiva local, es decir, desde los territorios, en el proceso de aumento de la capacidad adaptativa y reducción de las vulnerabilidades.
Mientras que el enfoque técnico apunta a implementar acciones para aumentar la resiliencia del sistema, ya sea la infraestructura como de operación a través de una alta penetración de generación renovable, la y de adopción de nuevas tecnologías por parte del consumo, entre otros puntos.
¿Cuáles son las medidas más relevantes?
La Estrategia de Adaptación a la Crisis Climática del sector Energía destaca la importancia del desarrollo e ingreso de un proyecto de ley de reforma integral al segmento de distribución eléctrica, considerando el proceso de transición energética que atraviesa el país y que el mencionado segmento cuenta con prácticamente la misma regulación desde hace cuatro décadas.
“Revisar la regulación actual para identificar el nivel de incorporación y transversalización de los diferentes criterios de resiliencia y adaptación climática, con el fin de introducir los cambios para que la resiliencia y adaptación formen parte de las directrices del funcionamiento del sistema energético nacional, considerando todos los segmentos (almacenamiento, transmisión y distribución, seguridad, sistemas medianos, equidad tarifaria, innovación energética, biocombustibles, continuidad del suministro, calefacción distrital, entre otros) y en diferentes niveles”, sostiene el documento.
Sin embargo, tal iniciativa no se daría este mismo año ya que la hoja de ruta elaborada por el Ministerio de Energía esboza el desarrollo de un consenso de la estrategia legislativa y el ingreso del proyecto de ley al Congreso Nacional en 2025 y 2027.
Por otro lado, se programa la identificación de la infraestructura “crítica” del sector que permita integrar criterios de adaptación, gestión del riesgo y resiliencia, según priorización en cuanto a exposición a las amenazas climáticas y ubicación estratégica. Es por ello que, entre 2025 y 2029 también se llevaría a cabo una modificación regulatoria para la correcta inclusión de la infraestructura energética.
Además, una de las medidas prevé el desarrollo de incentivos económicos para la implementación de tecnologías e infraestructura habilitante de la transición energética resiliente, a partir de la creación de un set de instrumentos financieros que permitan y faciliten la inversión de proyectos resilientes en el sector, junto a su efectiva implementación hasta el año 2050.
“Se vuelve fundamental movilizar financiamiento, a través de alianzas público-privadas tanto nacionales como internacionales, para proyectos piloto que tengan potencial innovador y de escalamiento para aportar a la resiliencia del sistema”, aclara el documento.
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