El Gobierno de Javier Milei dio otro paso en la privatización de cuatro centrales eléctricas y llamó a un concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de las centrales Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A en el marco de la ley Bases.

Por 180 días corridos, se llevará a cabo la transformación de estas empresas públicas en coordinación de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, para proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de estas sociedades.

La noticia fue confirmada mediante el Decreto 895/2024 publicado este jueves en Boletín Oficial, con la firma de Javier Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos y el ministro de economía, Luis Caputo.

“Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía, llamará a Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de cada una de las siguientes sociedades”, se estableció.

A mediados de agosto, el Ejecutivo dispuso la prórroga por un plazo máximo de año las concesiones de las cuatro centrales hidroeléctricas, por lo que no pasaron a manos de la empresa Energía Argentina, como se preveía hace unos meses, para continuar en manos de AES, Enel, Aconcagua y Central Puerto, respectivamente.

El decreto de la prórroga es anterior a la creación de la agencia dedicada a la privatización de las empresas públicas, por lo que el Gobierno lo que hizo fue adecuar la normativa vigente para que esa área sea la encargada de avanzar en ese sentido.

De hecho, en el considerando de la norma, alegan que “la Agencia debe intervenir en los aspectos legales y normativos de los proyectos integrales de privatización, venta total o parcial de paquetes accionarios, entre otros; como así también participar en la elaboración y aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y demás documentación contractual necesarios para llevar adelante los procedimientos de iniciativa privada y privatización y someter a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional las adjudicaciones que se realicen en los señalados procesos de privatizaciones”.

En este contexto, dispusieron también que la Secretaría de Energía, en coordinación con la agencia, tendrá la facultad de fijar las pautas del concurso público nacional e internacional para la venta del paquete accionario mayoritario de las sociedades. Tal como indica la normativa, esto “deberá incluir el esquema de remuneración de los concesionarios durante el Período de Concesión y como mínimo los siguientes anexos: Contrato de Concesión, perímetro y descripción, inventario, seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; normas de manejo de aguas; guardias permanentes; protección del ambiente; seguros; (ix) obras y trabajos obligatorios”.

A su vez, el Gobierno derogó el decreto 19/2024, que establecía que la cartera de energía debía ser la encargada de nombrar a los directores o interventores de las empresas y sociedades con participación estatal o cualquier otra forma empresaria donde el Estado haga uso de sus derechos de participación o representación.

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