La Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionó una resolución de AFIP que incrementa la presión tributaria al suspender hasta el 31 de diciembre el régimen de percepción que le permitía a las grandes importadoras quedar exentas del pago de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.

La Resolución General 5339/23, publicada el miércoles en el Boletín Oficial bajo la denominación de “Suspensión momentánea del certificado de exclusión en IVA y Ganancias”, difiere el computo de las percepciones por 9 meses. De este modo, la AFIP evitará desembolsar unos 1000 millones de pesos en medio de la fuerte caída de la recaudación que enfrenta como consecuencia de la sequía. A su vez, constituye una herencia que el gobierno de Alberto Fernández le dejará al próximo gobierno que ahora será el encargado de devolver esos recursos.

Hasta ahora las empresas podían evitar el pago de esos impuestos al momento de importar pidiendo un certificado de exclusión de percepciones, siempre y cuando tuvieran un saldo a favor en la AFIP. La nueva resolución suspende esos certificados hasta fin de año. Eso significa que las empresas deberán empezar a pagar esos impuestos, aunque tengan un saldo a favor ante el organismo recaudador.

Lo que paguen ahora recién lo van a recuperar en 2024 sin intereses, lo que supone una pérdida significativa en una economía con una inflación anual por encima del 100%. A su vez, quien deberá afrontar ese pago en el futuro no este gobierno sino el próximo.

La respuesta de la UIA

Especialistas tributarios del departamento técnico de la UIA analizaron el tema y reseñaron los siguientes cuestionamientos que la entidad difundió el jueves a través de un comunicado:

La medida es inconsulta, sorpresiva y de amplia afectación y alcance al sector productivo porque encarece el abastecimiento de bienes y equipamiento importado, al aumentar el financiamiento exigido para hacer frente al pago de estas operaciones acumulando el pago de las percepciones en detrimento del capital de trabajo, sin dejar que dichos saldo a favor se computen contra otros impuestos durante 2022, en un contexto global y macroeconómico doméstico adverso con restricción de crédito, alto riesgo cambiario y altas tasas de interés.  Es pertinente recordar que, para obtener dichos certificados las industrias deben tener acumulados saldos a favor por el equivalente al 20% del promedio del impuesto determinado en las últimas 12 declaraciones juradas y cumplimentar todos los requisitos impuestos por AFIP. Es decir, afecta a empresas industriales que ya acumulan un significativo crédito fiscal a favor. La Resolución genera preocupación por el impacto en el costo financiero del sector industrial que conlleva la inmovilización del capital de trabajo producto de la aplicación de la norma.

La medida no es sustentable económicamente: implica un préstamo a tasa 0 por 9 meses de parte de las empresas importadoras argentinas al fisco por el equivalente a las percepciones por el 26% del valor de las importaciones de los próximos 9 meses (20% IVA, 6% IIGG), afectando de ese modo a las empresas que requieren insumos importados para su producción y/o realizan inversiones (ya que son en su mayoría las que cuentan con estos certificados). Por otra parte, el diferimiento de nueve meses para el cómputo de los pagos a cuenta al momento de la importación, en un contexto inflacionario del 100% anual, implica devaluar el crédito fiscal y, a valor presente, incrementar el costo financiero de las importaciones.

En términos macroeconómicos, y según las estimaciones de la misma AFIP, la medida implica un desfinanciamiento a las empresas por 979 mil millones de pesos para el año 2023 que representa 1,1% del PIB 2022 (precios corrientes). La medida tiene un claro objetivo recaudatorio, afectando la competitividad de la producción.

La medida sí afecta a las MiPyMES porque, en primer lugar, afecta directamente a las empresas medianas (tramos 1 y 2) que se ven alcanzadas por la medida. Y en segundo lugar porque en general, las micro y pequeñas, aunque no realicen importaciones en forma directa, se abastecen mayoritariamente a través de distribuidores que pueden ser afectados por esta medida, y podrían trasladarles sus efectos adversos, encareciendo el abastecimiento de insumos y equipamiento.

La norma aumenta la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, en tanto estas percepciones constituyen una carga pública superior a lo que por alícuotas las empresas deberían pagar, por efecto de un régimen de recaudación que no tiene en cuenta el saldo a favor de la cuenta tributaria de las empresas contribuyentes. Considerando el reciente informe elaborado por la UIA (https://uia.org.ar/centro-de-estudios/4025/ceu-informe-industrial-no02-2023/) referido a la Carga Fiscal Formal comparada, esta nueva normativa eleva aún más a Argentina en los primeros puestos del ranking  de los países más gravosos de la región y del mundo.

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