El Gobierno nacional oficializó el primer cambio en el Presupuesto 2025 a través del decreto 186/2025, ante la falta de aprobación de una ley presupuestaria por parte del Congreso, que fuera girado el 15 de septiembre de 2024.

La norma redistribuye partidas, reduce subsidios energéticos y habilita nuevos mecanismos de financiamiento para provincias y el sector eléctrico. También establece un nuevo esquema de pago para deudas del sector eléctrico y permite saldar obligaciones con bienes estatales.

Si bien la norma fue firmada ayer, cuando el Ministerio de Economía dispuso de una partida extraordinaria de $200 mil millones, para asistir a los damnificados por el temporal en Bahía Blanca y General Cerri, principalmente, no incluye esa partida, la cual será motivo de otra reasignación presupuestaria.

Entre los principales puntos del decreto se destacan:

  • Reasignación de fondos: Se incrementan partidas para el Ministerio de Seguridad, con el objetivo de fortalecer el monitoreo de personas procesadas o condenadas. También se destinan más recursos al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad, con foco en la auditoría de pensiones por invalidez. En contrapartida, se reducen las transferencias estatales a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
  • Inversión energética: Se refuerzan los aportes a Energía Argentina S.A. (Enaersa) para cubrir gastos asociados a la obra hidroeléctrica Cóndor Cliff – La Barrancosa, en Santa Cruz.
  • Deuda de distribuidoras eléctricas: Se establece un régimen especial de regularización para las distribuidoras que mantienen deudas con Cammesa y el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), incluyendo planes de pago en hasta 72 cuotas. Además, se lanza un programa de créditos para aquellas distribuidoras que han cumplido con sus compromisos.
  • Financiamiento para provincias: Se habilita al Gobierno nacional a otorgar avales para que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedan a crédito externo. También se permite saldar deudas provinciales mediante la entrega de bienes inmuebles estatales.
  • Aportes internacionales: Se aprueban pagos al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por USD 2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 436,9 millones en siete cuotas.
  • Educación: Se restablece la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos educativos a provincias y municipios.

El decreto también ratifica la emergencia en el sector energético hasta el 9 de julio de 2025, con la continuidad del esquema de reducción gradual de subsidios.

La modificación presupuestaria con la