“Es un abuso que hay, que tiene cautiva a la gente para cobrarles una tasa municipal que nada tiene que ver con la carga de combustible y que deja atada a la gente a tener que abonarla compulsivamente”. La declaración por iniciativa propia del vocero presidencial Manuel Adorni sorprendió al instalar en la agenda de Casa Rosada el debate en torno a las tasas a la compra de combustibles que vienen aplicando distintos municipios.
Ante la falta de financiación de obra pública vial desde Nación, en un marco de un recorte generalizado de los fondos destinados a las provincias y ciudades, la denominada Tasa Vial es un camino que encontraron varios intendentes para generar un ingreso que permita a las comunas financiar obras viales. No se trata de una experiencia nueva, ya que se comenzó a implementar desde hace más de una década, pero sí de una tendencia que logró reimpulso en este 2024.
Según citó 0223, bajo diversas modalidades, la tasa a los combustibles ya se aplica en una veintena de municipios del conurbano, a los que suman General Pueyrredon y Azul, con gobierno locales de los más diversos signos políticos.
Sorpresa genera en los entendidos en el tema la acusación de “voracidad fiscal” hacia los intendentes de parte del gobierno central, en medio de una escalada en el incremento de la carga tributaria sobre los combustibles que se implementa desde Casa Rosada. Según cálculos, en promedio el gobierno nacional se lleva unos 225 pesos sobre cada 1000 pesos que se facturan en las estaciones de servicio.
Por ejemplo, en el caso del gasoil en Mar del Plata los impuestos aplicados sobre los combustibles encarecen el valor en boca de expendio más de un 34 por ciento. Esto se debe al 21% de tasa del IVA, el 9,20% de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el 3% de Tasa Vial sobre el precio libre de impuestos y un 1,40% de percepciones provinciales y otras tasas. Sumados explican el 25% del precio final y que, al sumarse a los costos antes de impuestos, engordan en más de 34% el precio a pagar por los consumidores.
Es decir que de cada $1.000 que se cargan en el tanque, $250 quedan para el Estado en todos sus niveles. Y de ellos, el Estado Nacional se lleva la mayor parte con $ 225 pesos vía IVA e ICL.
Incluso, el escenario puede ser profundizado en los próximos meses y ello ya hubiera ocurrido en mayo de no haber mediado la reciente postergación en el incremento de los impuestos, pasada ahora a junio. Ello se debió al estricto interés del ministro Luis Caputo de seguir mostrando una caída en los índices inflacionarios, lo que hubiera sido complejo con los aumentos previstos en combustibles y en el resto de las energías.
El descongelamiento del Impuesto a las Transferencias de Combustibles (ITC) y al Dióxido de Carbono (IDC) que Economía resolvió en febrero marca una ruta de incrementos que concluirá en un 630% acumulado. Según el cronograma actual, el tributo debería subir 53% en junio y otros $51% en julio, con un impacto que se expande a toda la cadenas de comercialización.
En tanto, tras la liberación del precio de los combustibles, las petroleras mantienen su visión de un presunto retraso en sus precios en términos reales, por lo que recientemente aplicaron una suba promedio del 4%, buscando trasladar el deslizamiento del dólar oficial del 2%, en la perspectivas de alcanzar un “equilibrio“ con el valor internacional de los combustibles.
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