La Comisión Directiva del IAE Gral. Mosconi, que encabeza el ex Secretario de Energía Jorge Lapeña, consideró “insólita” la convocatoria a una audiencia pública para discutir la política de subsidios del gobierno nacional en lugar de tratar el precio del gas y advierte que “sin una política tarifaria articulada, el Transporte y la Distribución de gas natural podría encaminarse a una quiebra generalizada, algo inaceptable por tratarse de un servicio público esencial”.

Las Audiencias

 El 15 y 16 de marzo se realizaron las primeras audiencias públicas para el sector del gas natural, lo que marca que el gobierno comienza a transitar un intento de salida al congelamiento tarifario que, como viene adelantando el Instituto Mosconi, sumergió al sector en una cuasi cesación de pagos, provocó fuertes pérdidas a las empresas de servicios y generó deudas al interior del sector que solo podrán pagarse con mayores subsidios.

 El proceso de audiencias comenzó el 15 de marzo con la convocatoria de la Secretaria de Energía a tratar la porción del precio del gas que el Estado tomara a su cargo, mientras el 16 de marzo se realizó la audiencia convocada por ENARGAS destinada a determinar tarifas de transición en Transporte y Distribución.

 El título de la primera audiencia fue claro: “Tratamiento de la porción del precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que el Estado Nacional tomará a su cargo en el marco del “Plan de promoción de la producción del gas natural argentino – esquema de oferta y demanda 2020-2024”.

Por lo tanto, el objetivo no fue tratar el precio del gas natural, como lo marca el fallo de la Corte Suprema de la Nación , sino que se puso en discusión de forma insólita la política de subsidios del Estado Nacional, un tema que es potestad del Congreso de la Nación y que fue discutido en oportunidad de la Ley de Presupuesto 2021.

 Por su parte, el documento técnico que presentó la Secretaria de Energía, y que se encuentra disponible en su página web, indica que para cumplir con la Ley de Presupuesto 2021 el precio del gas que paga la demanda deberá aumentar entre un 42 % y 63 %, que por su sola incidencia en tarifa final implicaría aumentos del 17 % al 23 % a los usuarios.

 Sin embargo, la falta de tratamiento del precio del gas en el marco de la audiencia fue observado por un importante número de expositores que hicieron énfasis en la imperfecciones en el mercado de gas que derivan de una fuerte concentración en pocas empresas, la falta de participación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en el proceso de adjudicación de volúmenes realizado en octubre de 2020 y sobre la ausencia de informes técnicos oficiales y púbicos que identifiquen costos de producción local del gas y que justifiquen la determinación del precio tope utilizado en la compulsa de precios del Plan Gas.Ar.

En tanto, la Audiencia 101 convocada por el ENARGAS se limitó a la presentación empresaria de sus propuestas para establecer las denominadas “tarifas de transición” respecto a los cargos fijos y variables del servicio de Transporte y Distribución.

 Las 9 distribuidoras y las 2 transportistas dejaron en claro que el atraso tarifario producto de ajustes no aplicados alcanza el 130%, pero solicitaron como “tarifas de transición” aumentos en promedio del 56%, necesarios para mantener operación e inversiones de los servicios concesionados.  Estos aumentos tendrían un efecto en tarifa final del orden del 15% aproximadamente.

La totalidad de las empresas manifestaron que sin actualización tarifaria, el 2021 cerraría con enormes pérdidas y sin recursos para enfrentarlas, y manifestaron incertidumbre respecto al abastecimiento de los volúmenes de gas necesarios para cubrir el pico del consumo de invierno. Esto se traducirá en restricciones para los usuarios.

 1 Fallo CEPIS: “… en la situación actual el Estado intervino fuertemente en la fijación del  PIST y por lo tanto debe someterlo a una audiencia pública porque es una decisión que, claramente, escapa al mercado”.  En resumen, si sumamos los aumentos solicitados por la Secretaría de Energía para cumplir con el presupuesto 2021 y los requerimientos de las empresas como tarifas de transición, la tarifa final de usuarios residenciales debería aumentar entre un  50% y 60%.

Es bueno recordar que la regulación del gas natural, cuyo marco lo establece la Ley 24.076 y accesorias, utiliza el método de precio tope (Price cap), para la fijación de las tarifas reguladas de transporte y distribución.  Este método se sustenta en la generación de incentivos a la eficiencia, a la inversión y en la transparencia de la información.

 La intervención de los ENTES reguladores y el congelamiento tarifario imperante en un entorno de alta inflación, transforma cualquier mecanismo de fijación de tarifas en un “hibrido” que funciona a expensas de decisiones arbitrarias de los interventores.

Una situación que a todas luces va en contra cualquier proceso de inversión que los usuarios terminaremos pagando más temprano que tarde con peor calidad de servicio.

 Asimismo, la situación actual no solo rompe las renegociaciones de contratos alcanzados con las empresas de servicios en 2017, sino que abre la puerta a contingencias jurídicas futuras para el Estado Nacional

 Las Audiencias se dieron en un marco de evidente falta de coordinación entre los organismos involucrado (la Secretaría de Energía de la Nación y ENARGAS),  que parecen estar discutiendo la política tarifaria del gobierno en el marco de las Audiencias Públicas y con los usuarios como espectadores.

 Resulta insólita la convocatoria del gobierno nacional a discutir la política de subsidios del gobierno nacional, en lugar de discutir el precio del gas.  La Audiencia dejó muchas  preguntas al respecto:  ¿Puede considerarse la compulsa de precios en el marco del Plan Gas.Ar  un mecanismo de mercado?  . ¿es el precio adjudicado el fiel reflejo de la libre interacción de la oferta y la demanda? . Si la respuesta es negativa  ¿sería necesaria una nueva audiencia para tratar el precio del  gas en conjunto con las tarifas de transporte y distribución, tal como lo mando la CSJN?.

Son demasiadas preguntas a las que las Audiencias no dieron respuesta y que dejan en evidencia la falta de política de precios, tarifas y subsidios del Gobierno Nacional.  Tanto las “tarifas de transición” como el nuevo precio del gas comenzarían a regir a partir de abril.  Estos aumentos se verían potenciados por picos de consumo de inverno lo que se reflejaría en facturas residenciales con aumentos superiores al  100 % respecto a marzo de este año.

 Difícilmente se apliquen estos aumentos en función de las premisas del gobierno para este año: “tarifas y alimentos aumentando por debajo de salarios”, en medio un proceso electoral y la posible segunda ola de COVID.  Por lo tanto, aumentos inferiores a los propuestos implican mayores subsidios por dos vías posibles:

  • El monto de subsidios a la oferta y demanda de gas natural del Presupuesto, habrá sido subestimada y por lo tanto se requerirán de partidas adicionales.

 • Y las empresas de servicios agravarán su deterioro económico-financiero que, en un contexto de alta inflación, no tendrían otro rumbo que la cesación general de pagos que en el extremo implicarán mayores subsidios para mantener la continuidad del servicio.

 En síntesis, sin una política tarifaria articulada, y en el contexto de congelamiento y alta inflación, el segmento regulado de la cadena de valor del gas natural podría encaminarse a una quiebra generalizada.  Algo inaceptable tratándose de un servicio público esencial.

El IAE Mosconi reitera su preocupación por la prolongada e injustificada intervención de los entes reguladores, lo que representa una anomalía institucional de base de cualquier proceso de revisión tarifaria, el cual debe regirse por criterios técnicos, de eficiencia y transparencia, en un entorno de normalidad institucional.