En medio de un escenario socioeconómico desafiante, el informe mensual del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET) que dirige Julián Rojo, realiza un análisis detallado de cómo los cambios en las tarifas y los subsidios impactaron en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En enero de 2025, un hogar promedio sin subsidios necesitó destinar $144.775 mensuales para cubrir servicios esenciales como energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte. Este valor refleja un incremento del 3% respecto a diciembre de 2024 y un asombroso 345% frente al mismo mes del año anterior.

La canasta de servicios públicos

La canasta de servicios públicos, compuesta por energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte, registró un comportamiento dispar entre los distintos rubros. El gasto en energía eléctrica tuvo un alza del 10,9% mensual debido a aumentos en el cargo fijo (4%) y en el consumo estacional durante el verano. Por su parte, el gasto en agua potable aumentó un 1%, mientras que el gas natural mostró una leve caída del 0,9% en términos mensuales. El transporte, que representa el mayor peso en la canasta (39%), se mantuvo estable en enero.

En el desglose interanual, el informe resalta incrementos significativos: el transporte lideró con un aumento del 382%, seguido por el gas natural (559%), el agua potable (321%) y la energía eléctrica (270%). Estos aumentos se deben principalmente a ajustes tarifarios y a la eliminación de subsidios en ciertos segmentos.

Subsidios

Uno de los puntos más relevantes del informe es la reducción de los subsidios reales en un 39% durante 2024. Este descenso afectó principalmente a los sectores de transporte (-39%), energía (-38%) y agua (-59%), marcando un cambio en la política fiscal del Estado. En términos generales, los usuarios del AMBA cubren el 53% de los costos de los servicios, mientras que el 47% restante es asumido por el Estado.

El desglose por segmento muestra disparidades notorias. Los hogares de altos ingresos (N1) cubren el 93% de los costos eléctricos y el 87% del gas natural, mientras que los sectores de bajos ingresos (N2) solo aportan el 26% y el 31%, respectivamente. Esto evidencia cómo los subsidios están diseñados para beneficiar a los sectores más vulnerables.

En el caso del transporte público, la situación es particularmente crítica. El costo técnico del boleto en el AMBA es de $1.314, superando en un 42% el valor regulado de $927. Esto implica una presión adicional para los subsidios, que deben compensar la brecha entre los costos operativos y las tarifas que pagan los usuarios.

Desigualdades estructurales

El informe también destaca la disparidad de tarifas entre las provincias. Mientras que un usuario promedio del AMBA paga tarifas significativamente subsidiadas, en localidades como Bariloche el costo del transporte público alcanza los $1.613. Estas diferencias se explican por la ausencia de un marco nacional de subsidios para el interior, donde los gobiernos provinciales y municipales deben asumir mayores responsabilidades financieras.

En el sector eléctrico, también se observan variaciones marcadas. La factura final promedio en el AMBA para un hogar de ingresos altos (N1) es 1,8 veces superior a la de un hogar de ingresos bajos (N2), reflejando una segmentación en la aplicación de subsidios.

El bolsillo de los hogares

Para un hogar de ingresos altos en el AMBA, los servicios energéticos representan el 5,1% de su ingreso mensual promedio. En contraste, para los hogares de bajos ingresos, este porcentaje se eleva al 6,8%, evidenciando una mayor carga relativa en los sectores más vulnerables. Además, la canasta de servicios en su conjunto equivale al 11,7% del salario promedio registrado en enero de 2025.

El informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios subraya la necesidad de un debate profundo sobre la sostenibilidad del sistema de servicios públicos en Argentina. Mientras que los ajustes tarifarios buscan reducir el peso fiscal del Estado, también incrementan la presión sobre los hogares, especialmente en los sectores más vulnerables.

El futuro del sistema dependerá de encontrar un equilibrio entre tarifas justas, sostenibilidad fiscal y acceso equitativo a servicios esenciales. En este contexto, las políticas de subsidios deberán ser revaluadas para garantizar que los recursos se destinen de manera eficiente, promoviendo tanto la inclusión social como la sostenibilidad económica.