La Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN) reúne a 11 empresas socias que administran más de 3.300 GW/año y suman más de 1.000 clientes. Ese número representa más del 50% de la energía libre presente en las redes de distribución, no obstante, no existe una regulación para la comercialización de energía.

“Ese es un tema preocupante, llevamos más de 40 años sin ninguna modificación. Chile estuvo entre los pioneros en desregular la industria eléctrica, separando distribución de generación y transmisión, y aquellos países que partieron junto con nosotros ya hace tiempo que introdujeron la figura del comercializador”, comentó Eduardo Andrade, secretario ejecutivo de ACEN, durante el evento Latam Future Energy Southern Cone Summit.

Indicó que algunos economistas señalan que un mercado está maduro cuando se introduce la figura de la última milla, que en el caso de la industria eléctrica es representada por los comercializadores, sin embargo, para éstos no existe una regulación clara hasta el momento. Hoy operan bajo la figura de un generador, pero su core business es la comercialización, es decir, la compra y venta de energía eléctrica.

Según Andrade, solo basta ver cuál es el efecto que ha implicado la introducción de este agente en el país, esto es, una baja de los costos en forma importante a los usuarios que pueden acceder al mercado libre, aquellos clientes libres que tienen más de 500 kilowatts de potencia contratada, para reconocer la necesidad de la figura del comercializador.

Además, agregó que los clientes libres pueden obtener mayores servicios, mejor atención comercial y participar de proyectos de innovación, entre otros, porque los comercializadores tienen el incentivo de entregar mejores precios y productos.

El representante de ACEN se esperanzó con la posibilidad de que el Gobierno tome el desafío de modificar la ley eléctrica en distribución, tarea que el Gobierno anterior intentó con la denominada ley de portabilidad.

“Creemos que un gran debe que tiene hoy día la administración actual es precisamente atacar el tema de la modificación de la ley eléctrica en lo que respecta a distribución”, indicó Andrade.

Y sugirió: “Considerando que una ley podría requerir 1 o 2 años en su discusión y que su implementación también puede ser lenta, ACEN está proponiendo en forma paralela a esta modificación de la ley de distribución, una acción relativamente simple que la ley permite”.

“Esto es que, a petición del Gobierno, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) emita un informe para bajar el nivel de los 500 kW de potencia conectada para ser cliente libre. Este es un trámite relativamente rápido, con un plazo de 10 u 8 meses, y de este modo habría muchas más pequeñas y medianas empresas que podrían tener acceso a menores costos y mejores servicios”, propuso.

Mayor competitividad

Por otra parte, Andrade indicó que resulta complejo para las empresas de comercialización ser bancables, es decir, que sus contratos de compra permitan financiar proyectos de generación.

De hecho, mencionó que en la actualidad la media de los contratos de las empresas comercializadoras debe bordear los 4 o 5 años, en un escenario en que la industria financiera exige normalmente contratos con los compradores a 15 o 20 años.

“La comercialización va más allá de un simple contrato de 4 o 5 años promedio ya que estamos en presencia de contratos denominados revolving, vale decir, termina el contrato y esa energía se vuelve a contratar con un comercializador. Nuestra tarea es educar al mercado financiero para que se convenza de que las empresas de comercialización son bancables y así poder empezar a financiar proyectos tal como se hace hoy día a través de los contratos entre distribuidoras y generadoras”, señaló.

Respecto a ello, sostuvo que un ejemplo es que en un periodo complejo desde el punto de vista de los costos marginales, los cuales se han empinado por sobre los 200 dólares por MWh, las empresas comercializadoras se mantienen bien y no se ha registrado ninguna quiebra.

“El negocio de la comercialización es un negocio de riesgo que es administrado con coberturas de las compras de energía de forma adecuada para no quedar expuesto a las variaciones del mercado marginal”, cerró el secretario ejecutivo de ACEN.