El centro de estudios e investigación privado Libertad y Desarrollo (LyD) criticó la posible licitación de almacenamiento de energía que prevé implementarse a partir del proyecto de ley de Transición Energética, elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso a mediados de año.
Dicha entidad apuntó que la licitación propuesta por el ministerio de Energía “no es necesaria ni conveniente, independientemente de su forma y magnitud, ya que el mercado ya está generando la capacidad necesaria” y que tal convocatoria representa una “manipulación” del sistema de precios de la electricidad.
¿Cuáles son los motivos? Libertad y Desarrollo consideró que altera los precios y costos marginales del sector, a la par de las señales para que los agentes generadores tomen decisiones en base a señales de mercado y, por tanto, la disposición de tomar riesgos.
“Se afecta así, por una decisión externa, las inversiones en baterías que están efectuando los agentes, pues se alteran sus expectativas sobre arbitraje de precios entre horas diurnas y nocturnas”, señala el documento.
Y cabe recordar que actualmente hay cerca de 600 MW en baterías en operación y construcción, mientras que hacia el 2032 el Coordinador Eléctrico Nacional determinó que Chile podría alcanzar hasta 4 GW de storage.
“Debe hacerse notar que la separación de la eventual licitación en dos licitaciones, una de infraestructura y otra de servicio podría traer dificultades pues el proveedor de servicios, que sería el mayor pagador de la inversión a realizar, y que sería el adjudicatario por un número importante de años, estaría sujeto al riesgo de operar baterías provistas por otro adjudicatario, lo cual dificultaría que se obtenga el financiamiento bancario necesario. ”, agrega.
Pero en caso de que igualmente se avance en la licitación de almacenamiento, la entidad propuso definir un único monto total a subastar en el período 2023-2030 y que sólo sea una cantidad relacionada con la diferencia entre la potencia teórica definida por el Coordinador Eléctrico Nacional o la Comisión Nacional de Energía como “conveniente” para cada año de dicho período, y la potencia total que están desarrollando los generadores.
Adicionalmente, LyD desaconsejó separar entre adjudicatario y proveedor del servicio la posible mega licitación de USD 2000 millones que pretende realizar el gobierno de Chile, sugiriendo una administración única.
Estas ideas se deben a que el centro de estudios e investigación privado Libertad y Desarrollo planteó que se limitará la cantidad a licitar a los objetivos de almacenamiento (menos la capacidad que desarrollan los generadores) y que un llamado tal como lo plantea el Poder Ejecutivo “establece una métrica muy ajustada en cuanto a la potencia “deseable”, lo cual puede desincentivar la dinámica de inversión privada”.
Esta no es la única crítica presentada por el sector energético hacia la propuesta del gobierno chileno, ya que pocas semanas atrás, la Asociación Gremial de Generadoras de Chile también valoró negativamente la iniciativa.
Al igual que LyD, la visión del gremio es que exista una única convocatoria, sin discriminación por tecnología o estado de desarrollo de los proyectos y que incluya los avances que ya están realizando las empresas de generación en el storage.
Sumado a la importancia de contar con urgencia la normativa reglamentaria pendiente, tales como el Reglamento de Coordinación y Operación y el Reglamento de Transferencias de Potencia, el cual aún no ha sido confirmado definitivamente, a pesar que ya recibió varias observaciones y comentarios durante el proceso de consulta pública y que el Ministerio de Energía de Chile brindó más detalles.
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