La disputa entre las energías renovables y la administración actual de México continúa y no es un problema reciente.
Desde hace tiempo el Gobierno apunta que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó permisos por más de 132.000 MW de capacidad de generación, más del doble de la demanda máxima del sistema eléctrico que fue de poco menos de 50,000 MW, pero en junio de 2019.
A ello se le sumó en las últimas semanas la disposición de revisar los contratos de las renovables, e incluso previamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) culpó al propio ámbito por las fallas en el sistema eléctrico que afectó a más de diez millones de usuarios en el apagón del 28 de diciembre.
Al respecto, Elié Villeda, referente del sector, opinó sobre las medidas y dichos por parte de la administración: “Los permisos que brindó la CRE es parte de la dinámica de mercado. Se tenían 5.8 GW de capacidad de la Comisión Federal de Electricidad que tenían que salir de operación por altos costos de operación y mantenimiento de 2018 a 2022”.
“Al aplazar este plan, por cuestiones ideológicas, el mismo gobierno presionó al mercado. Pero no deben representar un problema para el sistema si se respeta el despacho económico”, explicó.
– ¿Cuál es su consideración sobre la decisión de revisar los contratos de las renovables por parte del gobierno actual?
– Desde el 2018 el Gobierno ha mantenido el mismo discurso, que los contratos son leoninos y desventajosos a la CFE. La misma industria está a favor de que se revisen, pero nunca se ha detonado una investigación formal por parte de la CFE a los contratos eléctricos.
Los contratos de las subastas se hicieron con estándares internacionales y con completa transparencia. Los dichos de revisar contratos son simplemente propaganda política.
Lo mismo pasó con los dichos de que las energías renovables le costaban muy caro a la Comisión Federal de Electricidad. Se pidió información sobre los impactos económicos y no se tiene en los registros.
– ¿Qué peligros puede haber?
– El riesgo de cancelar un contrato de la subasta eléctrica afecta directamente a la calificación del soberano. No sé puede cancelar un contrato unilateral de interconexión o de compra de energía de la subasta energética. La CFE tiene obligaciones contractuales y si hay retrasos en la interconexión son completamente atribuibles a la CFE.
Otra de las incertidumbres que surgen sobre la situación en México es la decisión de las empresas extranjeras de retirar o no los proyectos en el país, como el caso de Iberdrola SA que en su momento postergó la inversión en Tuxpan tras que la empresa eléctrica estatal se negara a suministrar gas a su central de US$1.200 millones que planificaba construir.
Sin embargo, en este aspecto Villeda fue optimista ya que afirmó que “las empresas privadas ven el valor de contar con proyectos renovables en México para diversificar su portafolio de generación”.
“Si deciden vender, la Comisión Federal de Electricidad puede levantar la mano si cuenta con el presupuesto y así ampliar su parque de generación”, añadió.
Además, ratificó que “se tendría que cancelar completamente el mercado eléctrico mayorista para que empresas estuvieran forzadas a vender. Y se tendrían grandes problemas con los tratados internacionales y veríamos una ola de controversias”.
Justamente uno de los acuerdos que firmó México fue el Acuerdo de París sobre el cambio climático, en vigor a partir del 2020, en el cual la nación norteamericana se comprometió a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero en un 25%.
– ¿Cuáles son sus expectativas de cara al 2021?
– Va a ser un año difícil para el sector energético. Creo que se seguirá acentuando el nacionalismo en el país y dañando la imagen de empresas extranjeras, además de atacar constantemente sin pruebas a las energías renovables.
– ¿Cómo afectarían las elecciones federales de mitad de año?
– Son clave para el sector energético, ya que si se logra una mayoría por el partido de la actual administración, tendrían un camino fácil para lograr los cambios, como por ejemplo la iniciativa de sacar una reforma monopolizadora energética.