Las empresas vinculadas a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) en Chile volvieron a cruzar al gobierno por el impacto que podría acarrear la aprobación del proyecto de ley que amplía el subsidio eléctrico que, entre otras medidas, propone que los PMGD financien las subvenciones de las cuentas eléctricas y ayuden a la disminución de la tarifa de las pequeñas y medianas empresas. 

Puntualmente, las firmas CVE Chile y oEnergy se presentaron en una sesión de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, donde criticaron abiertamente la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo y alertaron severos riesgos, desde frenos a las inversiones en la materia hasta defaults financieros de diversas compañías. 

“La sola presentación del proyecto de ley ya generó la suspensión de futuros desembolsos, es decir no hay más financiamiento para nuevos proyectos. Tenemos USD 80.000.000 engrapados (de una inversión total que asciende a USD 290.000.000 entre parques ya operativos y en construcción) porque no se aprobará el desembolso hasta que no haya claridad”, aseguró Erich Schnake, director de Asuntos Legales y Públicos de CVE Chile. 

“Si se aprueba el PdL, implicaría una revisión del modelo financiero y conllevaría un default, lo que le dificultará al financista requerir el pago anticipado de toda la deuda. Hecho que gatilla una situación compleja para las empresas, ya sea por la liquidación o renegociación de los contratos de financiamiento”, agregó. 

Cabe recordar que el financiamiento de los PMGD a los subsidios se daría mediante un cargo transitorio a los retiros de energía del sistema, denominado “Cargo FET” (Fondo de Estabilización de Tarifas) para los años 2025 a 2027, por un monto de $1,8 kWh que se financia de la retención equivalente a las compensaciones por precio estabilizado que se pagan en conformidad al régimen transitorio del Decreto Supremo N°88/2019. 

Mientras que el apoyo a las PyMEs se daría a través de la habilitación de la inyección y retiros de energía en el mismo punto de conexión, para comercializarla con las concesionarias de servicio público de distribución que presten servicio en dicha zona. Por lo que las distribuidoras podrán traspasar dicho precio a la bolsa de clientes conformada por las PyMEs y operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos objetivos de focalización. 

Por otro lado, el gerente de desarrollo de negocios de oEnergy, Yuri Andrade, insistió que el anuncio de la iniciativa puso en jaque a la compañía, producto de la presión financiera, y que la disminución de los ingresos se traducirá en el incumplimiento de los compromisos y contratos con los acreedores. 

“El proyecto de ley se basa en una estimación de costo que difiere del costo efectivo real, por tanto traería consecuencias graves en el sector, ya que afectaría el financiamiento de infraestructura crítica para avanzar con la descarbonización», subrayó. 

Tal es así que dicho especialista reveló que, debido a la inestabilidad regulatoria, ya postergaron transacciones para 70 MW de quince proyectos PMGD entre Iquique y Coquimbo que comenzarían a construirse en 2025, además de otros 300 MW de capacidad en sistemas de almacenamiento de energía en la región de Tarapacá. 

“Cuando se vulnera el Decreto Supremo transitorio, se condena a que la banca internacional ponga financiación más cara a la transición energética y al pipeline que tiene el país para cumplir la descarbonización”, sentenció Andrade.

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