Cerca de 200 parques eólicos, plantas de gas natural, paneles solares y otros proyectos están estancados, según documentos del Gobierno, después de que López Obrador ordenara detener los permisos, exacerbando lo que ya era un largo proceso burocrático.

La gigante de energías renovables Iberdrola SA postergó nuevas inversiones en México, mientras que AES Corp. pospuso un acuerdo para construir un parque eólico de US$400 millones debido a problemas de permisos, según tres personas familiarizadas con el asunto.

En el sector del petróleo y el gas -una industria que ya está afectada por el exceso de oferta, los precios débiles y una transición acelerada desde los combustibles fósiles-, las subastas de licencias de perforación en aguas profundas están suspendidas desde que AMLO, como se conoce al presidente, asumió el mando del país a fines de 2018.

Mientras tanto, uno de mayores hallazgos privados de petróleo de México está en suspenso en medio de prolongadas conversaciones sobre la propiedad entre el perforador y la estatal Pemex.

Uno de los principales factores que influyen en el cambio en materia de políticas en México es el nacionalismo energético de AMLO, que busca dar prioridad a las compañías estatales del país a expensas de los operadores privados.

El presidente ha dicho reiteradamente que está considerando cambiar la Constitución para revertir la apertura del país a los inversionistas extranjeros, una medida histórica adoptada en 2014 bajo la Administración anterior que puso fin a más de 75 años de monopolio estatal en el sector energético.

El “claro objetivo de AMLO es cambiar las reglas del juego para que el Estado nuevamente domine y pueda dictar los términos en los que el dinero privado ingresa al sistema”, señaló Duncan Wood, director del Instituto México del Wilson Center. “Todo apunta al hecho de que nuevamente quiere cerrar el sistema”.

‘Gran golpe’

Las cancelaciones y las inversiones estancadas están presionando a los mexicanos que contaban con los empleos y el crecimiento que generarían dichos proyectos en momentos en que la economía enfrenta su mayor contracción en casi un siglo.

Cuando la empresa eléctrica estatal se negó a suministrar gas a la central de US$1.200 millones que planeaba construir Iberdrola en Tuxpan, la ciudad portuaria del este de México sufrió un “gran golpe”, dijo el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha.

Según Aguilar Mancha, del partido conservador opositor PAN, esta era una inversión importante que iba a generar más de 2.000 empleos, dar nueva vida a la región y la ciudad.

A dos años de haber asumido el mando del país, la estrategia antiempresarial de AMLO para la industria energética contrasta con su enfoque conservador para gran parte de la política económica del Gobierno, desde reducir el presupuesto hasta apoyar un nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá.

Tras prometer reactivar a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos y la eléctrica Comisión Federal de Electricidad, o CFE, López Obrador está adoptando políticas cada vez más estrictas para las empresas privadas, en particular para los grupos extranjeros.

Entre las medidas implementadas para frenar la competencia se incluyen cambios regulatorios y retrasos en la entrega de permisos. El presidente también ha atacado públicamente a Iberdrola y al explorador petrolero Repsol SA, calificándolos de monopolios virtuales.

Proyectos estancados

La acumulación de proyectos estancados ha aumentado drásticamente desde que López Obrador llegó a la presidencia. Seis meses antes de asumir el cargo, había menos de 30 proyectos atrasados que superaban el plazo legal.

A mediados de octubre, la cifra llegaba a unos 200, y cerca de la mitad se habían solicitado en 2019, meses antes de que apareciera el covid-19. Desde octubre, los reguladores han aprobado algunos proyectos, pero no han revelado cuántos.

Como resultado, el clima de inversión en energía de México se está deteriorando rápidamente. Durante el primer año de Gobierno de AMLO, la inversión extranjera directa en todo tipo de proyectos de energía se desplomó más de 60% a US$2.250 millones, según cifras de la Secretaría de Economía, mientras que en los primeros tres trimestres de 2020, cayó a US$1.300 millones.

Los inversionistas ahora dudan mucho a la hora de comprometer dinero en México debido a las preocupaciones sobre el estado de derecho y la falta de independencia reguladora, dijeron dos ejecutivos que no quisieron ser identificados por temor a represalias del Gobierno.

La oficina del presidente y AES declinaron formular comentarios. La Comisión Reguladora de Energía dijo que los retrasos en la emisión de permisos se debían a la suspensión de plazos y términos legales impuestos a raíz de la pandemia.

El destino de Zama

La eléctrica francesa Électricité de France SA, o EDF, ha esperado cerca de un año para obtener un permiso de impacto social para construir un parque eólico de 300 megavatios. Pero la oficina de la Secretaría de Energía que emite dichos permisos se encuentra cerrada por la pandemia y no volverá a abrir hasta el próximo año.

Por su parte, Cubico Sustainable Investments, propiedad de dos de los mayores fondos de pensiones de Canadá, canceló un par de proyectos de energías renovables después de problemas regulatorios, según personas familiarizadas con la situación.

EDF dijo que sigue escrupulosamente los procedimientos mexicanos e internacionales de consultas con las comunidades locales, las asociaciones y las autoridades locales. El permiso de impacto social se ha retrasado porque el covid-19 obstaculizó los esfuerzos para obtener la opinión de los ciudadanos, señaló la compañía. En cuanto a Cubico, un portavoz declinó hacer comentarios.