Como ya había anticipado Energía Estratégica, a pocos meses de finalizar su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió al Congreso de la Unión una nueva iniciativa para reformar la Constitución del país en materia energética.
Este nuevo proyecto de reforma se da semanas después de que la Suprema Corte concediera el amparo contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en 2021 por violar las reglas del mercado eléctrico mayorista, priorizando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con esta decisión la LIE se declaró inconstitucional y vuelve a entrar en vigencia la Reforma Energética de 2013 de Peña Nieto.
Con el objetivo de desterrar la reforma energética de Peña Nieto, AMLO envió un proyecto de reforma constitucional energética, el cual ha sido ampliamente criticado por diversos expertos del ámbito renovable.
En conversaciones con Energía Estratégica, el doctor Claudio Rodríguez, con más de 20 años de experiencia en la industria, ha evaluado las implicaciones del amparo contra la LIE y la controvertida reforma energética impulsada por el presidente López Obrador.
Rodríguez destaca que la votación a favor del amparo confirma lo que los abogados señalaron desde el inicio: la modificación de leyes secundarias, en este caso, la Ley de la Industria Eléctrica, era un “choque de trenes” con el marco legal constitucional del 2014.
El experto subraya que las reformas propuestas eran violatorias de principios de competencia y medidas de protección al medio ambiente por lo que la resolución de la Suprema Corte otorga un grado de certidumbre a las inversiones en el sector, al definir un marco federal definitivo.
En cuanto a la posterior reforma constitucional energética enviada por AMLO al Congreso para echar atrás la reforma del 2013 de Peña Nieto, Rodríguez la califica como “menos agresiva de lo esperado”, pero aun así la considera un “modelo monopólico y contrario al marco de inversiones existentes”.
Además, señala que es violatoria de tratados comerciales internacionales, incluyendo el TMEC, y contraria a principios constitucionales de competencia económica. A su entender, la inclusión de elementos de «interés social» carece de fundamentos sólidos para respaldar la reforma.
De todas formas, el experto no cree que sea aprobada en esta Legislatura, pero sugiere que podría mantenerse para su aprobación en la siguiente, posterior a las elecciones del 2 de junio.
Y explica: “Es un elemento político para solicitar un control del Congreso que ahora no se tiene. De ser aprobada, no puede declararse inconstitucional, por ser una reforma Constitucional, pero no exime en ese supuesto de violación a compromisos internacionales antes señalados”.
Rodríguez critica la reforma por su dogmatismo y demagogia, así como por la falta de sustento técnico jurídico. De esta forma, señala que “adolece de elementos que la hagan operativa” y destaca “la necesidad de respetar las condiciones existentes en las que operan las inversiones eléctricas y renovables en México”.
En tanto a las expectativas de medidas a favor de las renovables, independientemente del resultado electoral, el especialista considera que es impostergable avanzar en la transición energética
“México perdió 6 años en un discurso que no creó nada nuevo y constituyó un fracaso en materia de transición energética y mitigación de emisión de gases con efecto invernadero”, denuncia.
Y agrega: “Las inversiones en hidroeléctricas (en plenas sequías por la pésima gestión hídrica en todos los embalses), ayudas millonarias a CFE, LitioMex y otros temas, constituyeron banderas electorales con nulo beneficio sectorial y con profundo impacto en las finanzas públicas”.
Para el experto, se trata de un modelo que México intentó de 1970 a 1982 y fracasó rotundamente por lo que extenderlo sería un “derroche adicional de recursos financieros cada día más limitados”.
“Lo que México necesita es respetar el Estado de Derecho y los tratados internacionales, incluyendo el respeto por los órganos reguladores”, concluye.
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