El gobierno está discutiendo los detalles finales de un decreto que extenderá el plazo en que regirá la prohibición para cortar los servicios de gas, electricidad, agua, telefonía, TV por cable e Internet. La norma modificará el Decreto Nº 311/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández el 24 de marzo de este año, pocos días después de que se estableciera el primer aislamiento social y obligatorio (ASPO) por la expansión del Covid-19.
En ese momento, se impidió a las empresas prestadoras interrumpir el servicio para usuarios morosos con hasta tres facturas impagas consecutivas. El borrador en el que trabaja el Ejecutivo —al que accedió EconoJournal— eleva ese indicador hasta las siete facturas sin abonar. De aprobarse la medida, el artículo 1 del Decreto 311 quedaría redactado de la siguiente manera: “Las empresas prestadoras de servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía móvil e Internet y TV por cable no podrán disponer la suspensión o corte de los respectivos servicios a los usuarios indicados en el artículo 3, en caso de mora y falta de hasta siete facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1º de marzo de 2020”.
Cobrabilidad
Entre los impulsores de esta resolución se encuentra Federico Bernal, interventor del Enargas, que había promovido el primer decreto de marzo. Las cifras publicadas por el ente regulador, sin embargo, no dan cuenta de una caída tan significativa de la cobrabilidad del gas que consumen hogares y PyMEs.
Al 4 de septiembre, fecha de la última actualización, la cobrabilidad en el sector de gas oscilaba entre un 81% (Distribuidora de Gas Cuyana) y un 92% (Camuzzi Gas Pampena). Son números inferiores a los de la situación pre-pandemia, pero evidencian un deterioro mucho menor que el esperado por consultores.
El nuevo decreto podría publicarse esta semana en coincidencia con la caducidad del plazo de 180 días que estableció el Decreto 311, que expira el 24 de septiembre. La vigencia de prohibir el corte de servicio por falta de pago se establecerá hasta el 31 de diciembre de 2020.
“El gobierno no quiere correr riesgos. Si bien la cobrabilidad en el área de energía no cayó tanto como se esperaba por la crisis, no quiere descartar un problema político si les cortan a los usuarios que no pagan”, explicó un consultor.
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