El proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio energético a 4,7 millones de usuarios en Chile, que fue presentado por el Poder Ejecutivo de Chile y aún se debate en el Congreso, continúa generando preocupación en el sector energético del país. 

La consultora Valgesta Nueva Energía planteó que la iniciativa, tal cual está propuesta actualmente, traerá serios problemas de diseño económico, constitucionalidad y consecuencias no evaluadas que podrían alterar profundamente el sistema eléctrico del país.

“El actual proyecto de ley de subsidios lapidaría el proceso de licitación de suministro para clientes regulados, traduciéndose en un aumento de las tarifas para los clientes residenciales”, subrayó Ramón Galaz, director ejecutivo de la consultora. 

¿Por qué? El gobierno prevé asignar, de forma transitoria, parte de la demanda regulada a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) para abastecer a una bolsa a precio preferente para clientes de las micro, pequeñas y medianas empresas (MyPyMEs) y operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos objetivos de focalización. 

La propuesta establece un techo anual de 500 GWh/año de la totalidad de inyecciones PMGD que podrían ser destinadas a ese mecanismo. Techo anual que desde la consultora apuntaron podría ser “insuficiente” para cubrir la demanda de beneficiarios objetivo.

“La propuesta diluye los contratos regulados existentes, los cuales surgieron de un proceso de licitación que el propio Estado llevó a cabo. Por lo que la propuesta del gobierno rompe el esquema de licitaciones de suministro que ha sido motor exitoso de inversiones en el sector”, subrayó. 

“Y es altamente probable que las próximas licitaciones tengan escasa competencia, se vean aumento de precios y vaya en contra de los clientes finales”, sentenció durante su presentación en la Comisión de Minería y Energía del Senado. 

Incluso, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya informó que, de aprobarse la ley de subsidios, los contratos ya firmados tendrán un porcentaje de suministro menor y que a, mediano plazo, las necesidades de nuevos contratos se verán ajustadas a la demanda, lo que podría implicar una merma en la cantidad de energía a licitar.

A eso de debe añadir que la CNE recientemente redujo los volúmenes de energía a subastar en las próximas licitaciones de suministro (2000 GWh a 1600 GWh en 2025), producto de la rebaja del límite de potencia para optar a la condición de cliente libre y la definición de definición de comunas en transición energética (Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel). 

Otro punto crítico que remarcaron desde Valgesta está vinculado con la constitucionalidad del cargo FET (Fondo de Estabilización de Tarifa), que prevé aportes provenientes de los PMGD para financiar los subsidios hasta el año 2027, con posterior cargo de compensación en caso de que alargue a partir del 2028. 

Para Galaz, el mecanismo planteado por el gobierno “actúa como un impuesto encubierto, lo que está prohibido por la Constitución chilena, violando principios de no confiscatoria y no afectación establecidos en la Constitución”. 

Y que el financiamiento en realidad debería surgir de recursos del Estado mediante impuestos generales y no a través de impuestos específicos que afectan a determinados sectores. Hecho que pondría en riesgo la estabilidad regulatoria de largo plazo.

“Se desvirtúa el mandato de estabilizar los precios y al cambiar las reglas de juego expropiando rentas legítimas conforme a la legislación vigente, se genera incertidumbre legal, afectando la percepción de riesgo regulatorio”, manifestó el director ejecutivo de Valgesta. 

“Si bien el Poder Ejecutivo estima la existencia de sobre renta en el segmento PMGD, ésta debiera ser solucionada mediante mecanismos de mercado y no distorsionadores como el propuesta en el proyecto de ley”, concluyó. 

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