La Asociación Gremial de Generadoras de Chile criticó duramente el proyecto de ley de Transición Energética que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso a mediados de año y la posible mega licitación de almacenamiento que pudiera surgir a raíz de ello.
“El proyecto de ley atentaría contra las inversiones que las empresas de generación están realizando en almacenamiento, ya que el proyecto no reconoce la organización industrial del sector, ni su lógica de competencia y de la gestión de riesgos propios que ésta conlleva”, aseguraron.
Bajo la visión del gremio sugiere que una convocatoria de dicha índole debe incluir la inversión que ya están realizando las empresas de generación en el storage y contar con urgencia la normativa reglamentaria pendiente.
La entidad apunta principalmente a la importancia de la publicación del Reglamento de Coordinación y Operación como también el Reglamento de Transferencias de Potencia, el cual aún no ha sido confirmado definitivamente, a pesar que ya recibió varias observaciones y comentarios durante el proceso de consulta pública y que el Ministerio de Energía de Chile brindó más detalles.
Ambas normativas permitirían establecer la remuneración por potencia y criterios operacionales que tendrán las centrales renovables con capacidad de almacenamiento y storage puro, además de entregar certeza a los inversionistas que llevan adelante esta serie de proyectos.
Cabe recordar que el Sistema Eléctrico Nacional ya cuenta con alrededor de 177 MW de baterías operativas (aportaron 19,88 GWh hace pocos meses), 98 MW en pruebas, 626 MW en construcción y más de 2.000 MW en desarrollo.
Mientras que el Coordinador Eléctrico Nacional recientemente determinó que Chile podría alcanzar hasta 4 GW de almacenamiento al 2032 y el mayor rédito económico se espera a partir de la entrada en operación de 2000 MW de baterías hacia el año 2026, con un beneficio sistémico de USD 513 millones.
Por otra parte señalaron que el cambio del Ejecutivo hacia mecanismo recurrente en la licitación de podría modificar los incentivos de la industria y produciría más incertidumbre, a la par que acarrearía mayores costos de transacción, lo que podría obstaculizar el propio éxito de los procesos.
“No recomendamos la implementación de ese mecanismo que no se encuentra alineado con el espíritu inicial del proyecto de ley y que va en contra de la naturaleza competitiva de la industria de generación y sus procesos de toma de decisión de inversión”, manifestaron en un documento compartido con Energía Estratégica.
“En tanto que el nuevo diseño de doble licitación (una de infraestructura y otra de servicios complementarios) propuesto genera ineficiencias económicas y dificulta su posterior gestión (…) Apunta a que la desintegración vertical de la infraestructura-servicio genere un nivel de competencia tal que logre compensar el efecto de doble marginalización. Sin embargo, el sector de generación ya desarrolla inversiones con un alto grado de competencia, por lo que no es evidente que exista una ganancia de eficiencia en una licitación como la propuesta”, detallaron.
Y continuaron: “El mecanismo de licitación transitorio propuesto en la última sesión de las mesas técnicas tiene un elevado riesgo de elección arbitraria de la capacidad a licitar. Solo se compartiría la necesidad de una propuesta de licitación transitoria única, de servicios, en la que se incluya un estudio técnico y una instancia de revisión ante el Panel de Expertos, en vez de que el monto a licitar sea establecido de manera rígida en la ley”.
¿Qué propone Generadoras? Desde la asociación de la cual la administración y representación de está bajo la persona de Camilo Charme tras la salida de Claudio Seebach, plantearon diseñar una subasta de almacenamiento por única vez, competitiva de servicios o atributos de almacenamiento, en lugar de una de infraestructura, y que no discrimine por tecnología o estado de desarrollo de los proyectos.
“Una licitación de servicios por única vez permitiría, en el corto y mediano plazo, incentivar la inversión requerida de este tipo de tecnologías para alcanzar los objetivos de transición energética comprometidos por el Estado de Chile. Asimismo, tanto la capacidad de almacenamiento a licitar como la localización de esta debe estar justificada según los requerimientos del sistema, de acuerdo a un análisis de la Comisión Nacional de Energía”, aseguraron vía un documento.
“De igual manera, debe maximizar el beneficio social y minimizar el costo y riesgo para los clientes finales. Por ejemplo, podría apuntar a que las empresas compitan por el financiamiento del diferencial entre los ingresos requeridos para viabilizar el desarrollo de las soluciones y los ingresos percibidos por la prestación de diversos servicios en los mercados de energía, potencia y servicios complementarios”, añadieron.
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