Anuncios de inversión extranjera, pero excluyendo a la industria y tecnología local

En el marco de la COP26, en Glasgow, Escocia, el Gobierno junto a la australiana Fortescue, anunció inversiones por US$ 8.400 millones para producir hidrógeno verde, a par- tir de energía eólica en la provincia de Río Negro. “Va a generar mucho desarrollo productivo, científico-tecnológico y posicionará a la Argentina a la vanguardia de la transición ecológica” señaló el ministro Matías Kulfas

A ese anuncio debe agregarse otro reciente y de bajo perfil más bajo: el acuerdo de IEASA para el desarrollo de un proyecto productivo de hidrógeno verde a gran escala, una inversión del Instituto Fraunhofer de Alemania para producir en la zona de Bahía Blanca, a partir de generación eólica.

La empresa estatal cuenta con un predio de 200 hectáreas con 2,5 kilómetros frente al mar que destinará a un Hub-Hidrógeno. El acuerdo se considera inédito, IEASA participará activamente en los procesos de análisis, durante el cual habrá “una importante transferencia de conocimiento”.

Tras el rimbombante anuncio viene de inmediato a la mente el recuerdo de que la Argentina es pionera en producción de hidrógeno a partir de la energía del viento. Desde hace dieciséis años existe en Pico Truncado (Santa Cruz) una planta de producción de H2 con energía de fuente eólica, la primera de América latina, hoy en stand by.

Otro hecho significante puede sumarse a los anuncios anteriores: este año el Gobierno nacional capitalizó –y pasó a controlar– IMPSA, con un aporte total de $ 1.362.900.000 al capital de la sociedad, por lo que su participación accionaria pasa a ser del 63,7%, mientras que el Estado provincial aportará $ 454.300.000, quedándose así con el 21,2% de las acciones.

El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora. IMPSA es la única empresa en el continente americano, fuera de EE.UU. y Canadá, con desarrollos tecnológicos propios y capacidad de producción de molinos eólicos, que acaban de lanzar el aerogenerador ARG-150, una máquina de 4,6 MW de potencia que cumple con los más altos estándares internacionales.

A partir de todos estos datos aparentemente inconexos surge de inmediato un interrogante ¿Cómo es posible que siendo el Estado titular de una industria con tecnología de punta en materia de energía eólica en la que inyectó capital, no la incluya en los proyectos que el propio Estado celebra con terceros?

Si el objetivo de los anuncios es mostrar que la Argentina atrae inversiones, resultó oportuno, sobre todo en momentos en que se alcanzaron los 1.800 puntos de riesgo-país y hay un acuerdo con el FMI en ciernes.

Un proyecto como el anunciado por Fortescue, requiere de ciertas condiciones y plazos que no concuerdan con el anuncio. Para concretar un proyecto de producción de hidrógeno, es necesario recolectar la información necesaria para realizar la prefactibilidad, que será la primera evidencia concreta que servirá para determinar su viabilidad. A partir de allí se determinará el “capex” (capital necesario a invertir) y el “opex” (costos operativos del proyecto), la infraestructura necesaria que va desde caminería, alojamiento, equipos de movimiento de suelo, izaje etc.

Faltan datos indispensables: mercado (compradores) para el producto, precios, volumen y condiciones. Y previo a todo ello: los estudios de viento en las locaciones, trabajo que demandará como mínimo un año para conocer el ciclo del recurso.

Nada hace suponer que la construcción de una planta piloto con capacidad de producción a escala industrial vaya a iniciarse en 2022 y mucho menos que vaya a estar produciendo en 2024

En el proceso, además de la energía eléctrica, otro recurso básico es el agua, en particular agua dulce, ya que el proceso de desalinización hace inviable el proyecto por el costo asociado. Como sabemos el uso de agua dulce en la Patagonia -aún para un fin ecológico como la desacar- bonización- requiere de una clara licencia social.

Otro dato a tener encuentra es si el propio gobierno de Australia permitirá que una empresa súbdita se lleve tamaña inversión nada menos que a la Argentina, un estado endeudado hasta la manija que ostenta un riesgo país por encima de los 1800 puntos y que aún no logró un acuerdo con el FMI.

Además de las serias dudas que se abren sobre la veracidad de la inversión, existen algunos puntos oscuros que deben develarse. El proyecto de Fortescue Future Industries no menciona sólo la producción de hidrógeno sino que menciona la exportación de amoníaco verde.

En términos de inversión y tecnología, lo mismo podría decirse del acuerdo con la alemana Fruenhauf. A pesar de que la balanza comercial con Alemania es altamente negativa, el lobby alemán ya logró desplazar a IMPSA en proyectos hidráulicos (Aña Cuá), y sería un contrasentido que esto vuelva a ocurrir, sobre todo ahora que IMPSA es una sociedad anónima bajo injerencia estatal, sostenida con los fondos de todos los argentinos.

Los mismos alemanes de Feuenhauf que quieren hacer negocios con IEASA, en el informe “Deacreasing cost of renewables – Analysis of energy sector planning and climate policy in Argentina” publicado en el sitio de Fraunhofer puede leerse: “Luego de un cambio de gobierno en Argentina a fines de 2019, el rumbo de la nueva administración hacia el cambio climático y su posición frente a las energías renovables sigue siendo vaga. En Argentina, prevalece una transparencia limitada en torno a los procesos de formulación de políticas y planificación del sector energético y relacionados con el clima. No siempre está claro qué herramientas y metodologías se utilizan para definir las contribuciones sectoriales al cambio climático y si, o en qué medida, los análisis tecnoeconómicos desempeñan un papel en estos procesos.” Resulta difícil compatibilizar lo que se piensa en el priemer mundo con lo que efectivamente se hace.

Transparencia

Se ponen en duda la transparencia de las inversiones chinas o rusas, sin embargo, hay datos preocupantes respecto de Fortescue y de la transparencia australiana. Recientemente, Fortescue se allanó en un juicio en su contra por imputaciones de violar la Ley de Herencia Aborigen de WA, cuando en plena pandemia decidió arrasar refugios de pueblos originarios en Queens Valley para expandir su Solomon Hub en Pilbara, Guruma Oriental.

Otro tema vinculado al comportamiento poco transparente de la industria minera: Australia no integra el EITI (Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas), que pide a las empresas mineras y a los gobiernos que divulguen detalles sobre los impuestos pagados y recibidos.

El EITI es una iniciativa inglesa, integrada por países del tercer mundo productores de recursos naturales (minería e hidrocarburos) y países del primer mundo que no tienen producción minera o petrolera.

El gobierno federal australiano, fue acusado de “optar por el secreto” por no adoptar la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas anticorrupción. Durante el Gobierno de Mauricio Macro la Argentina abrazó velozmente esta iniciativa.

El lunes 8 de noviembre de este año, el presidente Alberto Fernández en un discurso en el CCK, dijo: “Es muy gratificante ver que más de 1.200 científicos y científicas se han congregado para ver qué vamos a hacer y cómo vamos a avanzar en este decenio. Las sociedades ricas son las que desarrollan el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Néstor sabía de la importancia de esto en los tiempos que se vivían”.

Es una muy buena descripción de la realidad, pero qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a avanzar, es- peremos que el discurso y la acción encuentren en algún momento un punto de intersección.