El pasado 22 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) un memorándum donde enlista las 17 prioridades de política pública de su administración para el sector energético, con el objetivo de revertir en gran medida la reforma energética de 2013.
México necesita un mercado energético eficiente y competitivo. Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tienen el mandato de generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano1, lo que implica invertir únicamente actividades productivas y dejar de lado operaciones que generen pérdidas.
Este documento responde al memorándum del presidente y presenta propuestas de política pública para abonar en la discusión y fortalecer la competitividad del mercado energético en beneficio de los mexicanos. Las inversiones realizadas por la actual administración en segmentos energéticos no rentables tendrán un costo aproximado de 244 mil 365 millones de pesos, equivalentes al 5.5% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
El IMCO recomienda las siguientes medidas de política pública para tener un mercado energético eficiente y competitivo:
- Invertir en el suministro de gas natural a precios competitivos. La estabilidad de precios en productos energéticos se puede promover de forma más eficiente si el país maximiza su ventaja comparativa al explotar su red de tratados comerciales y su infraestructura de gasoductos para aprovechar los bajos precios del gas natural en Texas.
- Buscar alianzas para rehabilitar las refinerías existentes y en cuanto a la extracción, enfocarse únicamente en campos rentables. En el actual entorno global, Pemex será exitoso en producción y refinación sólo si cambia sus estrategias enfocándose hacia la rentabilidad:
- Replantear las proyecciones de producción de crudo.
- Explorar asociaciones con refinadores privados para rehabilitar las seis refinerías existentes, donde Pemex mantenga una participación controladora en los proyectos.
- Posponer la construcción de Dos Bocas y el tren de refinación en el complejo de Cangrejera dos años. Una vez pasado ese periodo, evaluar los resultados de la rehabilitación de las seis refinerías y tomar decisiones en consecuencia.
- Realizar un análisis de valor presente neto para los proyectos de generación eléctrica en Baja California Sur y la península de Yucatán y priorizar los proyectos más rentables en términos financieros y ambientales.
- Promover una generación hidroeléctrica de forma más eficiente y retomar las propuestas en el Proyecto de Nación, durante la campaña presidencial:
- Continuar con el plan de renovar las 60 hidroeléctricas existentes.
- Invertir en la generación de pequeñas, mini y micro hidroeléctricas con capital del sector privado (menos de 30 Mw).
- Habilitar estructuras hidráulicas existentes para la producción de electricidad.
- Reanudar las rondas de hidrocarburos y subastas eléctricas de largo plazo:
- Las rondas de hidrocarburos suspendidas desde 2018 siguen generando inversión. Hasta ahora han acumulado 11 mil millones de dólares.El impacto de la cancelación de las rondas petroleras debe medirse no solo por el costo de oportunidad de la inversión no recibida en el sector, sino por el impacto negativo en el ambiente para la inversión a nivel país.
- Las subastas han sido altamente exitosas en términos de precios de energías renovables. Estas han representado 3 mil millones de dólares anuales en nueva capacidad de generación.
- Transparentar los subsidios en los sectores de petróleo, gas y electricidad y posteriormente decidir cuáles eliminar y cuáles mantener. Las pérdidas por subsidios tienen un impacto importante en los estados financieros de la CFE. Únicamente en 2019, la CFE recibió una transferencia de 75,185 millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda para compensar pérdidas por subsidios.
- Reformar a fondo la estructura de Pemex y de la CFE. Las investigaciones recientes son un reflejo de la corrupción en el sector y en el país. Se tiene que:
- Reestructurar la composición del Consejo de Administración para fortalecer el gobierno corporativo y su independencia.
- Aumentar el número y periodicidad de las auditorías a las contrataciones de empresas filiales, tanto de Pemex como de la CFE.
- Convertir a Pemex y a la CFE en empresas públicas que coticen en el mercado de valores mexicano.
- Modificar el esquema de los derechos de paso para promover una red de gasoductos competitiva, al permitir que los dueños de la tierra reciban una renta durante el periodo de vida del proyecto, en lugar de recibir una indemnización única. El área de oportunidad para expandir el mercado del gas natural y generar una mayor rentabilidad para la CFE depende de la expansión y plena operación de la red de gasoductos.
México necesita un mercado energético eficiente y competitivo. Pemex y la CFE sólo se podrán reformar y fortalecer de forma sostenible en un ambiente de competencia. Para ello se necesita promover el estado de derecho en el sector mediante un respeto pleno al marco normativo vigente, la garantía de la independencia de los reguladores, el combate a la corrupción y la reducción de los costos de extorsión en todos los eslabones de las cadenas productivas. Lo anterior facilitará el tendido de infraestructura, tanto pública como privada, para fortalecer la competitividad del país en los mercados globales de energía e incrementar el bienestar de los mexicanos con productos de mayor calidad a mejores precios.
Fuente: IMCO