Jimena Latorre: “El sector antiminero ha quedado reducido a un espacio muy chico”

EconoJournal en Toronto

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza conversó con EconoJournal sobre el plan que está llevando adelante la provincia para poner en marcha nuevos proyectos mineros sin violar la ley 7722 que prohíbe la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio en la actividad. “En términos de ingeniería de producción no es muy complejo”, señala. El distrito minero de Malargüe ya tiene 34 proyectos de exploración con declaraciones de impacto ambiental ratificadas por la Legislatura. A su vez, en el norte, en el Departamento de Las Heras, la empresa PSJ presentó en enero el informe de impacto ambiental del Proyecto San Jorge y espera la aprobación provincial para comenzar a construir su mina de cobre.

–Mendoza prohibió por ley la minería a cielo abierto con determinadas sustancias en 2007, ¿qué es lo que están haciendo ahora para avanzar con nuevos proyectos de explotación minera sin violar esa norma?

–La ley 7722 de 2007 no prohíbe la minería metalífera a cielo abierto, sino que introduce dos requisitos. Uno es que las declaraciones de impacto ambiental tienen que tener ratificación legislativa. Si bien eso tiene sus complejidades, el lado positivo es que le da seguridad jurídica a las empresas que obtienen su declaración de impacto ambiental respecto a que no va a haber una política cambiante entre una administración provincial y otra. Algo parecido ocurre en otras provincias donde el primer análisis corresponde al Poder Ejecutivo y después las concesiones las otorga un juez de mina. En esos casos interviene el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, mientras que en Mendoza intervienen el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El otro requisito restrictivo que tiene la ley es la prohibición de ciertas sustancias. Prohíbe el ácido sulfúrico, el cianuro y el mercurio y hay un fallo de la Corte que dice que la lista de sustancias es taxativa y no puede ampliarse más allá de las que están nombradas.

–¿Se puede hacer minería a cielo abierto sin el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio?

–Durante la exploración, ninguna de estas sustancias están comprometidas. Por eso en 2024 se puso en marcha una agresiva política de promoción minera para la exploración en el sur de la provincia, más precisamente en el Departamento de Malargüe. La iniciativa la tomó la empresa provincial de promoción minera Impulsa, haciendo la línea de base ambiental en un polígono de 18.000 kilómetros cuadrados que se llama Malargüe Distrito Minero Occidental. Ese distrito ya tiene 34 proyectos con declaraciones de impacto ambiental ratificadas por la Legislatura, más otros 4 que tenían declaraciones de impacto ambiental previas. A su vez, hay otros 29 proyectos que están tramitando sus permisos de exploración. En total, hay más de 150 proyectos, pero vamos avanzando por etapas. A su vez, en el norte, en el Departamento de Las Heras, la empresa PSJ presentó en enero nuevamente un informe de impacto ambiental para obtener permiso de explotación en el Proyecto San Jorge. Y lo hizo cumpliendo con esas restricciones de la ley vigente ya que propuso un método de producción a partir de flotación que no utiliza ninguna de las sustancias prohibidas.

–¿Es muy complejo realizar minería con ese método?

–En términos de ingeniería de producción no es muy complejo. El mineral que se puede flotar es el que está sulfurado porque el que está oxidado se procesa a través de la lixiviación. No todos los yacimientos tienen una cantidad de sulfuros que hagan económicamente rentable la producción a través de la flotación. En el caso de PSJ, está la posibilidad de extraer el material oxidado y trabajar con los sulfuros. El material oxidado queda en escombreras hasta tanto sea posible lixiviarlo o venderlo para que sea lixiviado en otro lugar donde esté permitido. 

–¿Es rentable el proyecto San Jorge con ese método de producción?

–La prefactibilidad económica ha sido aprobada por los propios titulares del proyecto porque después de 15 años han vuelto a presentar el informe de impacto ambiental para producir en estas condiciones. La morfología del proyecto y las reservas que están certificadas hacen viable que pueda hacerse a través de sulfuros. No obstante, hay que aclarar que no son todos los proyectos iguales. Si hubiera un proyecto en el que el material oxidado representara, por dar un ejemplo, el 70% y los sulfuros estuviesen muy abajo, no sería económicamente viable. En el caso de PSJ, por el lugar en el que se encuentra el mineral sulfurado, es viable producirlo con esta tecnología.  

–¿Y es seguro desde el punto de vista ambiental?

–No debería haber ninguna complicación si se cumple con todos los recaudos a lo largo del proceso.

–¿Todos los proyectos mineros que tiene la provincia son de cobre?

–PSJ es un proyecto de cobre y la exploración que se está realizando en el distrito minero del sur de la provincia también apunta al cobre, pero los minerales nunca están aislados. PSJ va a producir concentrado de cobre con contenido de oro, pero como el oro no se puede producir porque la utilización de mercurio está prohibida, lo que se va a hacer es vender el concentrado de cobre con contenido de oro. Quienes lo compren harán el proceso de separación siguiente. Por ejemplo, First Quantum que tiene el yacimiento Cobre Las Cruces en Sevilla también vende el concentrado con contenido de oro porque en esa ciudad española también está prohibida la utilización de mercurio.

–El Proyecto San Jorge ya presentó el estudio de impacto ambiental, ¿cuáles son los próximos pasos?

–La Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo está haciendo el análisis técnico del proyecto y se constituyó la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) para que durante 60 días la población interesada puede consultar el contenido del proyecto. Es un proceso de consulta pública. Luego se le da vista a los sectoriales y cuando todos hayan intervenido se llama a audiencia pública. Una vez realizada la audiencia se emite la Declaración de Impacto Ambiental y se eleva a la legislatura provincial para su ratificación.

–¿Si la Legislatura ratifica ya se puede comenzar la construcción de la mina?

–A partir de ese momento la empresa tiene que cumplir con los plazos del código de procedimiento minero para iniciar la construcción de la mina. Hay un plan de trabajo presentado por PSJ comprometiendo inmediato inicio de trabajo cuando la legislatura ratifique la Declaración de Impacto Ambiental. Hay una mesa del cobre institucional y después está la mesa nacional del cobre de los privados donde están los grandes proyectos que están en condiciones de iniciar la construcción. Ahí están Taca Taca, Josemaría, Filo del Sol, el Pachón, MARA, Los Azules, Altar y San Jorge. San Jorge es un proyecto más chico que el resto. En los otros proyectos las inversiones van desde US$ 2100 a US$ 6000 millones. PSJ, en cambio, prevé una inversión de US$ 600 millones y su plazo de construcción es de 12 a 18 meses.

–¿Ustedes han venido conversando con las organizaciones de la sociedad civil para conocer cuál es su posición frente a esta iniciativa?

–El sector antiminero ha quedado reducido a un espacio muy chico. En el sur de la provincia la licencia social es amplia y muy clara. En la audiencia pública que se hizo previa a la declaración de impacto ambiental del distrito minero la mayoría de la población respaldó el proceso. En el norte es donde surgió este germen de antiminería que llegó a cristalizarse en 2007 en esa legislación que paralizó por un tiempo la actividad de la minería metalífera en la provincia, pero la demanda social ha cambiado significativamente. En el contexto del proceso que está transcurriendo actualmente están contemplados talleres en la comunidad. Algunos a cargo de la empresa, brindando información y capacitando recursos humanos, tanto para la contratación directa como entre proveedores. Además, en la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) participan, entre otros, la Municipalidad de Las Heras, las dos universidades nacionales que están en la provincia (Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional) y el Consejo Provincial del Ambiente, donde están representadas las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales de representación de intereses vinculadas a la preservación del medio ambiente.

–Cuando San Jorge empiece a producir cobre, más allá del impacto a nivel de empleo, ¿cuál es el nivel de regalías que le va a dejar a la provincia?

–La ley bases permite fijar las regalías en un porcentaje que va del 3% y 5% del valor del mineral en boca de mina. La provincia de Mendoza aún no es productora y por lo tanto no tiene ley de regalías, pero ya hemos manifestado el compromiso de fijarlas en el 3%.

–¿Con qué expectativas vienen a esta nueva edición de la PDAC?

–Después de un largo período en el que la provincia no tuvo una política de atracción de inversiones en materia de minería metalífera, el año pasado vinimos a la PDAC a plantear un nuevo rumbo y explicitar los hitos que nos habíamos propuesto cumplir durante 2024. Esos hitos los prometimos en una rueda de inversores en el evento Mendoza Day de la PDAC y hemos cumplido. De hecho, muchos de los inversores con los que nos hemos reunido en 2024 son los que han adquirido propiedades y proyectos en el distrito minero Malargüe. En esta PDAC vamos a hacer un balance de los hitos cumplidos y ese balance va a ser una carta de presentación de cara a la atracción de nuevos inversores, junto con la decisión provincial de mantener una conducta de baja de las alícuotas de los impuestos provinciales.  

, Fernando Krakowiak