Comenzaron los pedidos de reconocimiento de la sentencia por la que la jueza Loretta Preska, del tribunal de Manhattan que entiende cuestiones vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, condenó a estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF.
El síndico español que entiende en la quiebra de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (que al momento de la expropiación eran accionistas minoritarias de la petrolera y quebraron tras la nacionalización) y el fondo Eton financiaron una presentación en la Corte Comercial de Londres para que se reconozca allí la sentencia adversa de la jueza de Nueva York Loretta Preska.
El objetivo es iniciar embargos en Inglaterra, pero para eso primero se deben detectar que existan esos activos embargables. Y la justicia inglesa tiene que aprobar el procedimiento. No pueden confiscarse bienes relacionados con la diplomacia, como embajadas, por ejemplo. Se espera que Argentina responda el requerimiento por medio de los abogados del Estado encabezados por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
Mientras tanto, en Nueva York, Preska aceptó esta semana un pedido de Petersen y Eton y convocó a la Argentina y a los beneficiarios de su fallo a una conferencia telefónica el 18 de marzo. Los demandantes alegan que el país obstaculiza el proceso de discovery (listado) de los activos a embargar y no comparte información sobre ellos.
Las acciones de YPF en manos del Estado; cuentas, activos, deudas y transacciones valuados en US$1 millón o más; el swap de monedas con China; cualquier transferencia que haga el Banco Central al exterior; concesiones para la exploración de recursos naturales; información Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y Banco Nación son algunos de los bienes que podrían estar en juego.
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