El gobierno argentino realizó una presentación ante la jueza Loretta Preska con el objetivo de evitar la expropiación de las acciones de YPF, solicitada por el fondo Burford Capital. Tras la condena a Argentina a pagar US$16.000, el fondo buscó diversas maneras de garantizar el cobro, incluyendo el embargo de activos locales y la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera en manos del estado.
Ante esta situación, abogados de la firma Sullivan & Cromwell, representantes del país en la causa, argumentaron en contra de la embargación de activos y la transferencia de acciones. Basándose en cuatro argumentos técnicos, sostienen que una corte extranjera no puede obligar a un estado soberano a repatriar activos, además de que el estatuto de YPF prohíbe la transferencia de acciones expropiadas sin la aprobación del congreso.
Asimismo, señalaron que la interpretación del United States Code fue errónea por parte de la querella y que el estado argentino no utilizó sus acciones en YPF para incumplir los requisitos de oferta pública de adquisición establecidos en los estatutos de la empresa. En este sentido, la defensa argentina busca preservar la soberanía nacional y evitar la transferencia forzada de acciones de YPF.
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