La Argentina solicitó hoy a la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, una postergación del plazo de ejecución de la sentencia para la presentación de garantías, dictada el 21 de noviembre pasado, en el caso por la estatización de YPF, hasta el 10 de enero, debido al proceso de transición de autoridades que se producirá en el país a partir del 10 de diciembre, según informaron hoy fuentes oficiales.
En una nota presentada por los letrados patrocinantes del país, el estudio Sullivan & Cronwell LLP, se indica que “la República solicita respetuosamente la suspensión de la ejecución de la sentencia firme, vigente hasta el 5 de diciembre de 2023, para pignorar ciertos activos, y establecer como condición de una nueva suspensión que se amplíe ese plazo nunca antes del 10 de enero de 2024. Esta breve prórroga le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2023″.
Más adelante, la nota indicó que “los abogados de la República han consultado con los abogados de los demandantes, quienes han dicho que se oponen a cualquier extensión, a menos que la República primero acuerde un cronograma acelerado para la apelación, una de las dos condiciones de suspensión en la Orden del Tribunal del 21 de noviembre”.
Los patrocinantes de la Argentina señalaron que “la República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal. En particular, acelerar el cronograma de presentación de informes sobre la apelación sería un desafío debido a que los demandantes presentaron una apelación cruzada, e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, lo cual requerirá información adicional”.
La nota puntualiza que “la nueva administración ya tendrá un tiempo limitado entre su toma de posesión (10 de diciembre) y la fecha límite de la apertura del escrito (23 de enero), para analizar las complejas cuestiones en apelación y revisar los documentos presentados por la República”.
Finalmente, los letrados solicitan que “la Corte debería conceder una breve prórroga (hasta el 10 de enero) de los plazos que operan el 5 de diciembre sin imponer condiciones adicionales”.
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