La semana pasada, el Ministerio de Energía de Chile envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para ampliar la cobertura del subsidio energético a 4,7 millones de usuarios que propone que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) financien las subvenciones de las cuentas eléctricas y también ayuden a la disminución de la tarifa de las pequeñas y medianas empresas. 

El primer punto será mediante un cargo transitorio a los retiros de energía del sistema, denominado “Cargo FET” (Fondo de Estabilización de Tarifas) para los años 2025 a 2027, por un monto de $1,8 kWh que se financia de la retención equivalente a las compensaciones por precio estabilizado que se pagan en conformidad al régimen transitorio del Decreto Supremo N°88/2019. 

Mientras que el apoyo a las PyMEs se daría a través de la habilitación de la inyección y retiros de energía en el mismo punto de conexión, para comercializarla con las concesionarias de servicio público de distribución que presten servicio en dicha zona. Por lo que las distribuidoras podrán traspasar dicho precio a la bolsa de clientes conformada por las PyMEs y operadores de servicios sanitarios rurales que cumplan con los requisitos objetivos de focalización. 

Y si bien el proyecto de ley aún debe tratarse en el Congreso, desde el sector energético surgieron inquietudes respecto a cómo afectaría esta última medida al suministro eléctrico y demanda de los clientes regulados, considerando los contratos ya adjudicados en años anteriores. 

Por lo que desde la Comisión Nacional de Energía (CNE) se encargaron de despejar las dudas sobre el tema y vaticinaron que podría impactar inmediatamente, pero el efecto no sería demasiado en las licitaciones a futuro de mantenerse la iniciativa. 

“Hoy en día, los contratos firmados tendrán un porcentaje de suministro menor, en tanto que los costos y beneficios de ello serán evaluados en la discusión del proyecto de ley”, afirmó Danilo Zurita Oyarzún, jefe del Departamento Eléctrico de la CNE, durante la mesa técnica sobre tarifas eléctricas.

“Eso puede tener principales efectos en el corto plazo, porque a mediano plazo las necesidades de nuevos contratos se verán ajustadas a la demanda. No es que siempre se le quitará energía a los contratos suscritos, sino que a mediano plazo se licitará menos, por lo tanto se nivelará las cantidades contratadas conforme a la demanda”, complementó Martín Osorio, jefe del Departamento de Regulación Económica de la CNE. 

Y cabe recordar que La propuesta del Ejecutivo establece un techo anual de 500 GWh/año de la totalidad de inyecciones PMGD que podrían ser destinadas a ese mecanismo y su implementación será por medio de una bolsa de precio preferente, donde las PyMEs deberán postularse para acceder a este tipo de mercado. 

Pero a su vez, la propia Comisión Nacional de Energía ya determinó que para el próximo bienio no serían necesarias convocatorias de corto plazo, pero a partir del 2030 se precisará más generación eficiente, dado que a partir de la próxima década en adelante se estiman déficits energéticos que podrían alcanzar los 45488 GWh / año hacia el 2043 (ver nota). 

Por tal motivo es que las licitaciones deberán promover la participación de distintos medios y capacidad de generación, así como flexibilidad al sistema. Adicionalmente podrán contemplarse más mecanismos de evaluación de riesgo y eficiencia que enfrentan ofertas de nuevos proyectos con respecto de aquellos ya existentes. 

En consecuencia, podría más convocatorias como la Licitación de Suministro 2023/01 (destinada a abastecer el consumo de clientes regulados a partir del 2027 y 2028) donde Enel se consolidó como la gran ganadora al adjudicarse los 3600 GWh/año a un precio de USD 56,679 MWh.

Aunque a pesar de los resultados y de que se volvió a adjudicar toda la energía licitada, desde el sector remarcaron una serie de trasfondos que derivaron en la baja competitividad de players y ofertas de la convocatoria, por lo que dejaron la puerta abierta a cambios para el futuro, y ahora más aún si cambia la demanda. 

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