Esta semana entraron en vigor ocho leyes secundarias que guiarán el futuro energético de México, entre ellas la Ley del Sector Eléctrico (LESE) cuyo capítulo sobre comercialización establece nuevas modalidades para la contratación de energía por parte de los Suministradores de Servicios Básicos.
En particular, el artículo 68 de la LESE contempla que dichos suministradores podrán celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica de dos formas: directamente con generadoras en cualquiera de sus figuras legales, o mediante mecanismos de adquisición de energía y productos asociados dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, que lleva a cabo el Centro Nacional de Control de Energía de México (CENACE).
Estas modalidades se plantean como instrumentos que podrían atraer inversión en el sector eléctrico, pero sin replicar exactamente las Subastas de Largo Plazo (SLP) establecidas por la reforma energética de 2013 y cuyo propósito era fomentar la competitividad y estabilidad de precios en la adquisición de Potencia, Energía Eléctrica Acumulable y Certificados de Energías Limpias por los Suministradores de Servicios Básicos y otras Entidades Responsables de Carga.
A diferencia de aquella, esta legislación elimina la referencia a mecanismos “competitivos” al establecer que los términos de adquisición y asignación de contratos se determinarán por las Reglas del Mercado o por la regulación que emita la Secretaría de Energía (SENER) o la Comisión Nacional de Energía (CNE), nueva entidad que absorberá muchas de las funciones de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE). Además, de acuerdo a la nueva legislación la SENER tendrá la facultad de autorizar o no al CENACE a realizar los mecanismos de contratación, asignar los costos derivados de estos y definir los protocolos para situaciones de emergencia.
A juicio de Carlos Flores, analista del sector energético consultado por Energía Estratégica, el paquete de reformas aprobado presenta luces y sombras. “La iniciativa tiene una cosa buena y tiene una cosa mala”, expresó. “La cosa buena es que se asemeja mucho a la reforma energética de Peña Nieto, una reforma que implementó mecanismos que realmente provocaron inversiones en el país. Hubo subastas, hubo contratos bilaterales, es decir, contratos entre privados generadores y privados consumidores o usuarios, en fin, se diseñaron y se establecieron e implementaron los mecanismos para que eso pasara”.
El especialista recordó que entre 2015 y 2018, periodo en que la reforma previa estuvo plenamente operativa, México experimentó una fuerte atracción de capital para proyectos eléctricos, principalmente renovables. “Esa reforma fue muy exitosa en términos de la cantidad de megawatts y en términos de la cantidad de inversión que vino al país”, señaló.
No obstante, cuestionó que la nueva legislación intente emular los logros de la reforma anterior sin replicar sus componentes más exitosos. “Lo malo es que intenta imitar esos mecanismos de la reforma del 2013, sin embargo no lo hace de la manera correcta. Pareciera una imitación trunca, una reforma que se queda a la mitad del camino en intentar ser lo que fue la del 2013”, apuntó.
La “eliminación de las subastas de largo plazo” es, a su juicio, una pérdida significativa. “Hay que recordar aquí que fue muy exitoso en términos de lograr costos bajos de energía, en la última subasta que se logró a finales del 2017, se logró un precio promedio de energía de USD $ 20.57 MWh y un precio récord en ese momento de USD $ 17.77 MWh récord mundial en ese momento”.
Siguiendo el análisis del profesional consultado, la reforma actual “da la sensación de que la actual administración realmente está buscando provocar el mismo efecto que provocó aquella del 2013, sin embargo no pareciera que vaya a lograrlo”. La razón, enfatizó, es que se trata de “una reforma trunca”, pero también por la falta de coherencia entre la intención técnica y el discurso político. “El mensaje político, la propaganda que se hace sobre esta reforma es la equivocada”, explicó.
El analista subrayó que el gobierno promueve la idea de un “rescate” de CFE y Pemex y de la recuperación de la “soberanía energética”, pero que en la práctica no sucede. “Ahora se importa todavía más gas natural del que ya se importaba antes y si realmente le dan a la CFE la preponderancia que dicen que le quieren dar, pues ese volumen de gas natural va a ser todavía mayor, entonces todavía menos soberanía energética”, advirtió.
De allí, insistió en que existe “una divergencia entre lo que intentaron hacer los técnicos que diseñaron esta reforma y el mensaje político, la propaganda que se lanza todos los días en las conferencias de la mañana”, lo que genera incertidumbre sobre la implementación de la nueva normativa y su capacidad real para atraer inversión, estabilizar precios y asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
En los próximos meses el desarrollo de la regulación secundaria será clave para definir si las nuevas modalidades bajo las que los Suministradores de Servicios Básicos podrán celebrar Contratos de Cobertura Eléctrica funcionarán como motor de inversión, o si la reforma quedará en el terreno de las buenas intenciones.
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