Las muy elevadas temperaturas que padece gran parte del país, y azotan al AMBA, perdurarán por varios días.  Están poniendo en evidencia las debilidades del sistema de distribución de electricidad.  A ello, deben sumarse los casos de algunas usinas térmicas que salieron de servicio por varias horas.

En estas usinas recae, y recaerá en los próximos meses a nivel nacional, un mayor esfuerzo de generación como consecuencia del menor aporte de la centrales hidráulicas, afectadas por una persistente falta de lluvias y consecuente merma en los embalses.

El martes 11, con 41,1 grados de temperatura máxima, la demanda de electricidad superó los 27.000 MW y alrededor de 700 mil usuarios del AMBA padecieron cortes del suministro, preventivos y obligados por fallas en la red de distribución de alta y baja tensión.

El  miércoles 12 la ola de calor hizo una breve pausa, aflojó un poco la temperatura máxima, la demanda pico fue algo menor a la del día anterior, y el sistema interconectado respondió con mucho menos usuarios afectados por cortes.

Esta situación perdurará, y agrega tensión a pocos días de la Audiencia Pública que debatirá el incremento de las tarifas del año en curso. El gobierno, las empresas concesionarias del servicio, y las organizaciones sociales diversas expondrán sus posiciones, virtualmente por el Coronavirus.

Parecería haber una coincidencia entre estos actores y es el reconocimiento de que el sistema de distribución registró inversiones insuficientes, particularmente en el AMBA .

Las tarifas y los subsidios estatales de éstas en las facturas al usuario, los planes de obras de mantenimiento de la red diseñados por las concesionarias, la disponibilidad de los recursos para su realización, y los requerimientos tarifarios estarán expuestos.

La política tarifaria del gobierno para con Edenor y Edesur es la de autorizar una suba promedio anual del 20 por ciento, similar a la del transporte y distribución de gas natural por redes. En 2021 se autorizó una suba de 9 por ciento. Y antes de fin de año debería concluir y definirse una nueva Revisión Tarifaria Integral.  

En la Audiencia (que no tiene carácter resolutivo) también habrá planteos para la recisión de los contratos con las empresas privadas, y la administración estatal del servicio eléctrico, concesionado por 90 años, de los cuales en 2022 se cumplen 30. No parece que sea un objetivo del gobierno nacional.