YPF intentará cerrar en las próximos tres semanas el traspaso de titularidad de los yacimientos convencionales que opera en Santa Cruz. La desinversión en esos campos maduros —donde la petrolera bajo control estatal pierde a razón de US$ 300 millones por año como resultado de la falta de competitividad de su estructura operativa, que redunda en altos costos que están por encima de la rentabilidad que ofrece la explotación de esas áreas— es clave para edificar el éxito del Proyecto Andes, la iniciativa con la que la compañía que preside Horacio Marín se propuso desprenderse de unos 55 bloques convencionales de baja rentabilidad para concentrar su capital en el desarrollo de Vaca Muerta.
No se trata, sin embargo, de una negociación sencilla. Al contrario, implica un juego a diferentes bandas con una multiplicidad de actores que durante todo el año pasado tuvo avances y retrocesos. A diferencia de la venta de áreas en otras provincias, donde YPF obtuvo una compensación económica por la cesión de esos campos —tanto en efectivo como en especies expresada en producción de petróleo a futuro—, en Santa Cruz YPF no pretende recibir dinero cambio. Al contrario, tendrá que poner plata de su bolsillo para salir de esas áreas que, por la deficiente gestión de la petrolera durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue incapaz de adecuar su estructura de costos a la declinación productiva de los campos maduros, se convirtieron en activos anti-económicos.
En el esquema de salida que está prácticamente acordado con el gobernador Claudio Vidal es central el rol de CGC, la petrolera que conduce Hugo Eurnekian, el principal productor de hidrocarburos en el flanco norte de la provincia. Motorizada más que nada por un movimiento defensivo para evitar que un retiro caótico de YPF derive en una descomposición total que arrastre al resto de los jugadores del sistema petrolero en la provincia, CGC lidera una mesa de negociación que incluye a otros actores privados que tiene interés en los yacimientos.
Nuevos operadores
La estrategia prevé que en un solo movimiento, que se materializará a través de un decreto firmado por Vidal, YPF traspasará a CGC todos sus bloques que posee en la provincia agrupados en cinco clúster de campos. Sin embargo, la petrolera de Corporación América sólo conservará la operación de uno de ellos, conformado por Cañadón León y Meseta Escondida. Los cuatro clústers restantes serán transferidos en no más de 60 días a otras compañías. Según la información relevada por EconoJournal de fuentes directamente involucradas con la negociación, Patagonia Resources, una empresa del grupo que lideran los hermanos Juan y Patricio Neuss que es presidida por Walter Forwood, ex gerente general de San Antonio, uno de las principales empresas de servicios del país, y tiene como asesor a Sergio Affronti, ex CEO de YPF, tomará la operación de un segundo clúster conformado por Los Perales, Las Heras y Cañadón La Escondida, tres de los campos con mayor producción de petróleo de la provincia.
El Guadal, otro de los grandes activos de YPF en Santa Cruz, se particionará en dos: Crown Point, una compañía del grupo GST de los accionistas Pablo Peralta y Roberto Domínguez, que en diciembre obtuvo la concesión de Koluel Kaike, un área provincial que cedió PAE, se quedarán con una porción de ese bloque que fue incluido en un tercer clúster, mientras que Roch —la compañía fundada por el empresario Ricardo Chacra— obtendrá la parte restante de Guadal y otras áreas como Cañadón Yatel y Loma de Cui agrupadas en un cuarto grupo de bloques. Entre Crown Point y Roch existe una negociación más amplia que incluye también la venta a manos de la primera de la participación accionaria de la segunda en las áreas Río Cullen, Las Violetas y La Angostura en Tierra del Fuego.
El quinto clúster está integrado por un conjunto de bloques menores como El Cordón y El Destino, entre otras, y serán traspasados a la firma Ingeniería Alpa, que opera El Valle, un pequeño campo de petróleo en Santa Cruz.
“Por una cuestión legal y para facilitar su traspaso posterior, cada clúster de áreas estará concesionado a una sociedad distinta, aunque en un primer momento todos serán propiedad de CGC. La idea, por una cuestión de simplicidad, es que la provincia autorice el traspaso a un sólo actor para lo que luego sea más sencillo que CGC ceda el capital accionario de cada vehículo societario a las otras compañías”, explicó un alto directivo que participa del proceso.
Implementación delicada
Con el objetivo de empezar a readecuar la estructura operativa de sus campos maduros —que requiere como condición necesaria de una reducción de la dotación de personal asignada a cada yacimiento—, YPF informó a sus contratistas que costeará la indemnización más un plus de un 20% de aquellos operarios que acepten renunciar voluntariamente a su trabajo. Esa opción, que está disponible hasta el 31 de enero, no termina de convencer a algunos proveedores de servicios de YPF, que en los últimos días reclamaron una mejora en la implementación del esquema indemnizatorio. “No está claro si YPF se hará cargo de la indemnización total de los operarios que acepten salir voluntariamente o sólo de una parte. Algunas líneas intermedias están hablando de un crédito económico en el tiempo para que los proveedores financien las indemnizaciones, pero eso es distinto a cubrir toda la indemnización”, indicó un importante empresario de servicios de la cuenca del Golfo San Jorge. En conjunto, se estima que la readecuación de los yacimientos maduros de YPF demandará la salida de unos 2600 trabajadores directos e indirectos. Vidal se resistió durante meses a aceptar la inevitabilidad de esa agenda —una negativa que puso en riesgo el proceso de traspaso de los bloques, tal como publicó este medio a mediados de noviembre—, pero durante diciembre terminó de avalar el achicamiento de la operación petrolera en la cuenca.
Desde la óptica de las empresas que tomarán la operación de las áreas es importante, a su vez, abordar otros aspectos estratégicos del traspaso. Uno de ellos es asegurarse la indemnidad ambiental en los campos que dejará YPF. En concreto, no quieren ser responsables de la remediación de los pasivos ambientales que existen en yacimientos que llevan décadas en explotación. “La indemnidad ambiental, al igual que la laboral, es un aspecto central. No es posible entrar a campos que hoy pierden dinero si, además, hay que invertir millones para corregir pasivos que generó la operación de YPF”, explicaron desde otra empresa.
El ajuste de las regalías que percibe la provincia y la definición de un compromiso razonable de inversión en los campos son otros de los puntos a cerrar. Por eso, algunas fuentes consultadas siguen siendo cautas a la hora de pronosticar cuándo podría concluir la negociación. “Hay días en soy super optimista y creo que estamos cerca. En otros, en cambio, creo que todo puede volver a fojas cero. Hay que esperar”, admitió un alto directivo del sector.
, Nicolas Gandini
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