El gobierno de Javier Milei no solo aplicó un recorte inédito en el presupuesto universitario medido a precios constantes, sino que prácticamente al mismo tiempo decidió eliminar el subsidio energético a los organismos públicos de salud y educación, entre los cuáles se incluyen las universidades nacionales. Ese efecto de pinzas quedó evidenciado este mes cuando comenzaron a llegar las facturas y se complicó aún más hacer frente a los gastos de funcionamiento.

La Universidad de Buenos Aires restringió el uso de la ilumación artificial.

A la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata le llegó una boleta de 14.158.623 pesos, casi el triple de lo que había abonado en el bimestre anterior. La cifra es equivalente al 15% del presupuesto anual que tenía asignado para sus gastos de funcionamiento y fue consecuencia casi exclusiva de la quita del subsidio porque el consumo se mantuvo relativamente estable.  

Algo similar ocurrió en Córdoba donde la Universidad Nacional de Rio Cuarto recibió a mediados de este mes una factura de EPEC de 33 millones de pesos, casi el triple que el mes previo. A su vez, en la Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional la factura de luz trepó a 4,2 millones, dos millones y medio más que lo abonado el mes anterior, cuando la boleta había sido de 1,7 millones. La casa de estudios informó que durante todo el año pasado había destinado 9 millones de pesos para pagar la boleta de luz, mientras que en solo tres meses de este año ese costo ya supera los 6 millones.

El caso que adquirió mayor trascendencia fue el de la Universidad de Buenos Aires. El pasado 10 de abril el Consejo Superior de la institución dictó la emergencia presupuestaria y a raíz de ello el rectorado fijo una serie de pautas que incluían la no utilización de aires acondicionados ni iluminación en aulas y oficinas que cuenten con luz natural y en espacios comunes, el apagado de las calderas y la decisión de restringir el uso de los ascensores solo para personas con movilidad reducida. En la nota enviada a las distintas facultades se mencionó que las facturas de energía eléctrica se multiplicaron casi por siete en el período abril 2023 – abril 2024 (577% de incremento) y un 324% con respecto a lo abonado en febrero.

Qué pasó con las tarifas

En febrero de 2021 el gobierno de Alberto Fernández subió 89% el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para grandes usuarios (demandas mayores a 300 kW) a través de la resolución 131/2021, pero introdujo una subdivisión dentro de ese universo dejando al margen del aumento a hospitales, escuelas y universidades, a los cuales les mantuvo el subsidio.

El 5 de febrero de este año, la Secretaría de Energía eliminó esa subdivisión a través de la resolución 7/2024, lo que implicó un fuerte incremento en la tarifa eléctrica para esas entidades, pues el PEE subió de $15.584 a $44.401 por MWh (+185%), mientras que el Precio de Referencia de la Potencia por MW mensual pasó de $80.000 a $2.682.088 (+3253%).

Anexo I de la resolución 884/2023 vigente hasta el 31 de enero de 2024.

Anexo 1 de la resolución 7/2024 vigente a partir del 1 de febrero de 2024.

La potencia tiene una ponderación significativamente menor con respecto al PEE. La fuerte suba del precio de la potencia sería equivalente a que el PEE se hubiese incrementado aproximadamente otros $10.000 por MWh. Por lo tanto, el aumento de la energía eléctrica mayorista, principal componente de la factura, para estos organismos estuvo en torno al 250%, sin contar el ajuste en el margen de distribución.

Varios analistas sostienen que es correcto que la tarifa refleje el valor de lo que cuesta generar esa energía para que los usuarios tengan claro el precio que tiene y a su vez sean más cuidadosos al momento del consumo. Desde esta perspectiva, quienes no pueden pagar luego deberían ser asistidos por el Estado, pero con un subsidio a la demanda y no a la oferta como venía ocurriendo.

En el caso de los organismos públicos tiene todavía más sentido que paguen la tarifa plena porque es el propio Estado el que debe hacer frente a ese gasto y cuando están subsidiados también. La diferencia es que cuando llega la factura subsidiada el usuario pierde la dimensión del costo que supone la generación de ese recurso, mientras que al recibir la tarifa plena es consciente de ese impacto y probablemente sea más cuidadoso al momento del consumo.

Imagen aérea de la marcha universitaria del pasado 23 de abril.

Recorte en el presupuesto

El problema es que el gobierno decidió subirle la tarifa de luz a las universidades nacionales al mismo tiempo que les está aplicando un fuerte recorte en su presupuesto. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) estimó en base a datos del presupuesto abierto que el ajuste a precios de 2024 está cercano al 70%, aún luego del aumento que otorgó el gobierno para gastos de funcionamiento horas antes de la marcha.

La organización Chequeado llegó a una estimación similar en base a datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, la inflación del Indec y la proyección de inflación para este año en base al Relevamiento de Expectativas de Mercado que todos los meses publica el Banco Central.

El gobierno efectivamente otorgó un aumento del 70% esta semana, pero que aplica solo sobre el 8,9% del total del gasto ya que alcanza a la partida “Asistencia financiera para el funcionamiento universitario” que representa el 7,9% del total y a la partida “Asistencia financiera a hospitales universitarios” que equivale al 1% del total.

El economista Javier Curcio, profesor de Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y especialista en economía de la educación, hizo circular otra estimación donde muestra que el programa Desarrollo de la Educación Superior, fuente principal de financiamiento de más de 50 universidades, caería este año del 0,72% al 0,26% del Producto Interno Bruto. El dato de 2024 lo calcula a partir de la prórroga del presupuesto 2023 más la actualización del 70% anunciada por el gobierno para la partida “Asistencia financiera para gastos de funcionamiento” y el PIB nominal proyectado.

Pese a la contundencia de todas estas cifras, el gobierno insiste con que el presupuesto universitario aumentó. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez (h) distribuyó a través de su cuenta de X un cuadro de un informe de la Tesorería General de la Nación que muestra que el presupuesto para las universidades aumentó cerca de un 180% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de este año, pero esa cifra es a precios corrientes y el número consolidado del primer trimestre de 2024 tiene incluida la paritaria que fueron cobrando los docentes durante 2023.

Es como si a un trabajador le dijeran que este año su salario mejoró porque en el primer trimestre cobró un 180% más que en el primer trimestre de 2023 cuando la inflación interanual acumulada hasta marzo fue del 287,9%.  

, Fernando Krakowiak