El gobierno convocará entre fines de este mes y comienzos de febrero a las audiencias públicas para avanzar con la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) de gas natural y electricidad. Si bien los cuadros tarifarios que surjan del proceso que están llevando adelante los entes reguladores se conocerá recién a fines de marzo, fuentes de la Secretaría de Energía, que dirige María Tettamanti, indicaron que en ninguno de los casos el impacto del aumento en la boleta final que pagan los usuarios residenciales llegará al 10 por ciento. Para algunas distribuidoras gasíferas, incluso, la suba en la factura podría ser menor.
En función de la política anti-inflacionaria que lleva adelante el Ministerio de Economía conducido por Luis ‘Toto’ Caputo, el incremento en las facturas que entrará en vigencia el 1º de abril de 2025 —tanto las de Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras eléctricas que están bajo jurisdicción nacional, como la de todas las distribuidoras gasíferas, como Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras— se expresará en un dígito. La suba incluirá la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), el costo de transporte, el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) y los impuestos correspondientes.
Los empresarios ya dejaron en claro que buscan avanzar con la RQT no tanto por el ajuste de tarifas pendiente sino para poder tener una previsibilidad a cinco años que les permita planificar sus inversiones. “Hay que sacarse el miedo del tarifazo. No hace falta un tarifazo. Hay que acompañar la inflación y, por lo tanto, hay que hacerlo lo antes posible. Hay que sacarse de encima el tema para tener proyección y poder hacer los planes de inversión a cinco años”, aseguró José Luis Manzano, presidente de Integra Holding, en el Energy Day organizado por EconoJournal a comienzos de diciembre.

Los aumentos que surjan de la RQT entrarán en vigencia a partir de abril.

En etapas

Las fuentes oficiales consultadas anticiparon, inclusive, que al final de la revisión podrá haber algunas empresas que presenten subas en sus cuadros tarifarios del orden del 3%, mientras que para otras esa proporción oscilará en torno a un 8% o un 9 por ciento. En el caso de las cifras más cercanas al 10% fijado como tope, se buscará desagregar los aumentos en distintas etapas aún no estipuladas.
Además del ajuste que venga de la mano de la RQT, el gobierno seguirá autorizando incrementos mensuales en línea con la inflación para evitar que las tarifas se atrasen. Esos incrementos dependerán de la evolución general de los precios. Por ejemplo, ahora en enero la suba en las boletas de Edesur y Edenor será de 1,6% con un incremento del 4% en el VAD que reciben las distribuidoras.
También queda pendiente el cambio en la política de subsidios que anticipó el gobierno, lo que podría derivar en incrementos mayores para quienes pierdan el beneficio. Todavía no hay precisiones, pero la intención oficial es que haya una tarifa social para los usuarios que necesiten la ayuda del Estado y el resto pague la tarifa plena.
En la actualidad, en el caso de la electricidad, de los 16 millones de usuarios, unos 9,5 millones reciben subsidios, cerca del 60%. Entre los que reciben subsidios, 3,2 millones son Nivel 3 (clase media) y 6,2 millones son Nivel 2 (clase baja). Es de esperar que los N2 sigan subsidiados, aunque el esquema cambie, mientras que entre los N3 habrá quienes pierdan el subsidio y quienes queden contemplados dentro de la tarifa social.

, Nicolas Gandini