A principios de noviembre, el presidente de Colombia, Iván Duque, sorprendió con el anuncio de una nueva subasta de energías renovables a largo plazo. Si bien era un tema que venía resonando hace algunos meses en el sector, el mandatario terminó por confirmarlo.

El pasado miércoles, en una rueda de prensa, el viceministro de Energía, Miguel Lotero, dio nuevas precisiones. Explicó que en marzo del año entrante se darán a conocer los detalles de la convocatoria. Pero en junio se publicarán los pliegos licitatorios, dándose formalmente inicio a la subasta.

La adjudicación de los proyectos tendrá lugar en octubre de ese año. No obstante, desde el Ministerio de Minas y Energía comentaron a Energía Estratégica que esos plazos son pasibles a cambios. ¿De qué dependerá? De cómo avance la estructuración final de la subasta.

Entre la información ya adelantada, la convocatoria estará destinada a los clientes no regulados (como empresas o industrias). “Esto va a ser una oportunidad muy buena para comercializadores que atienden a usuarios no regulados, que son aproximadamente el 29% de la demanda nacional”, subrayó Lotero.

Otra aseveración del viceministro es que “van a poder participar proyectos que entren en operaciones antes de diciembre del 2022”.

La gran pregunta del sector es si los contratos serán del tipo financiero, tal como sucedió con la subasta pasada.

El hecho de que los PPA tengan esta característica, les permite a los adjudicatarios atrasarse en su COD todo lo que consideren necesario, en tanto y en cuanto puedan entregar la energía comprometida en la subasta de otro modo, sea con un contrato de respaldo o yéndola a buscar a la bolsa de energía.

Fuentes al tanto del armado de la subasta señalaron a este medio que este es uno de los temas de análisis en este momento. Y se trata de un aspecto sensible para muchos players que evalúan su participación en la convocatoria.

En La Guajira hay una camada de proyectos eólicos que no fueron adjudicados en la licitación pasada y que miran a esta como una buena oportunidad.

Pero estos emprendimientos, por alrededor de 1.000 MW, dependen de la línea de Extra Alta tensión Colectora, donde su entrada en funcionamiento se prevé para el 2023. Tampoco está claro si estos parques llegarán a construirse antes de ese año.

En tanto, Lotero hizo foco en el potencial fotovoltaico de Colombia. “En la UPME tenemos registrados aproximadamente 5.800 MW en proyectos solares registrados en Fase 2 y Fase 3, que representan inversiones por más de 6.800 millones de dólares, los cuales podría generar puestos de empleo para 32.000 personas”, destacó el viceministro en la rueda de prensa.

Acto seguido, el funcionario volvió a enfatizar en diciembre del 2022 como fecha límite para la puesta en marcha de los proyectos que sean seleccionados y apuntó a que esa meta está puesta como parte de la recuperación económica que espera Colombia luego de la catástrofe provocado por la COVID-19.