Este mes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que firmó un convenio con la empresa española Iberdrola para la adquisición de 13 plantas de generación de energía eléctrica con un monto mayor a los seis mil millones de dólares.
Según el mandatario, este acuerdo integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y representantes de la compañía, es “una operación muy importante” que no significará un incremento en la deuda pública.
No obstante, desde el sector energético alertan que este contrato público trae más dudas que certezas, sobre todo por la falta de transparencia en sus condiciones.
De acuerdo al informe de Admonitor, la mayor parte de las centrales que Iberdrola le vendió a CFE ya operaban en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) bajo el régimen de Productores Independientes de Energía (PIE).
Esta figura de PIE nació en 1992 con la creación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y estaba diseñada para la venta exclusiva de generación a la propia CFE, ante la necesidad de satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica de esa década.
“Esta ley permitía que empresas privadas participaran mediante proyectos como los PIDIREGAS, siglas de Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público en la generación, distribución y transmisión de energía, lo que abriría el camino de los PIE”, revela el reporte de Admonitor, organización destinada a brindar transparencia del MEM.
De esta forma, según fuentes cercanas de Admonitor, “el gobierno mexicano no habría hecho una inversión nueva con la adquisición de centrales de Iberdrola, porque esa energía ya era vendida por la multinacional a CFE. Por lo que, en términos de energía y mercado, no hay nada nuevo con esta adquisición”.
Sumado a esto, las condiciones de los contratos externos legales entre PIE y CFE, cuya información sería clave para evaluar si la compra fue óptima, no son públicas y parecen ser secretas.
En este sentido, especialistas de Admonitor destacaron: “Es un problema de transparencia. Las condiciones del contrato, las contraprestaciones en términos de quién realizará la operación y mantenimiento, el precio de combustible que se va a utilizar para las plantas, todos esos componentes que establecen el convenio son desconocidos”.
“No hay una forma de evaluar económicamente si la compra de los activos a Iberdrola fue una buena inversión o no. Son contratos que están indisponibles al público en general”, enfatizaron.
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