De acuerdo al sector privado, el período de incertidumbre en el sector eléctrico aún no ha terminado, debido a las complicaciones administrativas asociadas a las autorizaciones necesarias para la instalación y operación de proyectos de generación y otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el CENACE, por lo que es necesario un cambio en la política energética mexicana para cumplir con los objetivos de transición energética y atracción de inversiones.
Representantes de Fresh Energy Consulting, firma que brinda un servicio especializado en el mercado eléctrico mediante asesoría integral basada en análisis sistemáticos para el soporte de decisiones estratégicas, comparten su visión en conversación con Energía Estratégica.
“La falta de permisos para proyectos renovables es uno de los aspectos que puede ser un cuello de botella para todas las inversiones en los próximos años. Si no resolvemos el problema de oferta de energía, no va a haber nuevas inversiones, ni desarrollo de nuevas industrias, ni generación de empleos”, comentan los socios de la firma, Ignacio Sánchez y Casiopea Ramírez, especialistas en mercados eléctricos.
Además, alertan sobre los problemas de acceso a energía renovable y de conexión a la red: “Tanto las empresas como la sociedad en general, demandan cada vez más el suministro de energía renovable, siendo además algunas de las tecnologías limpias las más competitivas en términos de precio. Sin embargo, sólo aportan el 13% de la generación del país actualmente”.
“México necesita poder ofrecer un suministro eléctrico renovable a precios accesibles para ser más competitivo con respecto al Sudeste Asiático o el resto de América Latina y así poder aprovechar las oportunidades del nearshoring”, agregan.
Adicionalmente, afirman que se requiere una fuerte inversión en las redes de transmisión y distribución para facilitar el acceso a la red tanto para generadores y consumidores: “La red solo ha crecido un 0.2% anual en los últimos años, lo cual es claramente insuficiente para atender el crecimiento de la demanda. Para ello, se necesita una colaboración público-privada ya que es un reto que ningún jugador en el mercado puede hacer solo”.
En este sentido, los ejecutivos señalan que el actual Gobierno ha impulsado una serie de cambios en el marco legal y regulatorio, que fueron paralizados en distintas instancias judiciales por oponerse a la Constitución y al resto de regulación vigente, ya que iban en contra de la libre competencia y del medio ambiente, entre otras cuestiones.
“A pesar de los procesos judiciales, en la práctica no se está aplicando la legislación vigente para la resolución de trámites de permisos e incluso en la operación del mercado. Todo ello está generando un ambiente de incertidumbre muy elevado, justo lo que no quieren los inversionistas”, enfatizan.
Los especialistas esperan que estos amparos sean resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que, de lo contrario, continuará la incertidumbre jurídica, lo cual repercute directamente en la estabilidad de las inversiones y en el atractivo que tiene México para el desarrollo del sector energético.
Ante esta coyuntura, Ignacio Sánchez y Casiopea Ramírez reconocen que la implementación de nuevos proyectos en México, tanto de generación como de nuevos centros de consumo, es cada vez más oneroso por la falta de inversión en las infraestructuras de transmisión y distribución.
Tanto a los generadores como a los consumidores, se les requiere hacer grandes inversiones en la red para poder inyectar o recibir energía, además de esperar largos períodos para la resolución de sus trámites.
Asimismo, revelan que los generadores llevan esperando prácticamente 3 años (todo el período de pandemia) a que tanto la CRE como el operador del sistema, resuelvan sus solicitudes para obtener nuevos permisos de generación como capacidad de interconexión. Esta problemática repercute en la disponibilidad de energía en el sistema y merma directamente la atracción de México como destino de inversión.
“México podría estar recibiendo muchísima más inversión, tanto en el sector eléctrico como en otros sectores, si tuviera una política energética alineada con el contexto global, que permitiera la libre competencia y fomentara la transición energética”, argumentan los especialistas.
“Ahora el país tiene que competir, no solo internamente, sino a nivel internacional. La regulación vigente así lo permite, pero no se está aplicando debidamente, lo cual ha dado origen, entre otras causas, a las consultas iniciadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC”, aseveran.
Atravesados por esta problemática, muchas de las actividades actuales de la Consultora están enfocadas en el soporte técnico para litigios estratégicos, derivado de estos cambios que el sector energético está judicializando, y en el acompañamiento a los consumidores para implementar estrategias de descarbonización de su consumo de energía.
También buscan acompañar a los usuarios en todas las problemáticas relacionadas con el acceso a la red, ya que están sufriendo la falta de inversión en infraestructura eléctrica en los últimos años, aspecto crítico para el desarrollo económico.
En concreto, Fresh Energy Consulting provee asesoría en actividades de definición de estrategias de descarbonización y comercialización de energía, análisis de mercado, permitting para acceso a la red, obtenciones de permisos de generación y operación en mercado, peritajes en arbitrajes y procesos judiciales, y asesoría para desarrollo de proyectos, entre otros.
