El gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso el proyecto de “Ley Ómnibus”, denominado oficialmente “de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, en honor al célebre texto de Juan Bautista Alberdi.
La medida que será tratada durante las sesiones extraordinarias (iniciaron el martes 26 de diciembre y culminarán el 31 de enero de 2024) declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
La misma incluye diversas reformas sobre la legislación vigente del sector energético, principalmente para “propiciar” la participación de los privados, la profundización de la libre comercialización, competencia y ampliación de los mercados de energía eléctrica, hidrocarburos y los biocombustibles en todas sus formas, y un marco jurídico para el desarrollo de infraestructura por el sector privado en áreas hidrocarburíferas y del transporte de energía eléctrica.
A pesar que el proyecto de ley no menciona explícitamente a las energías renovables ni al hidrógeno verde, sí contempla un apartado para la transición energética, donde hace foco en contar una agenda integral en el marco del Acuerdo de París para cumplir con los objetivos de emisiones netas absolutas de gases de efecto invernadero (GEI).
Y para ello, prevé crear un mercado de derechos de emisión de GEI en cada sector y subsector de la economía argentina, con participación de las empresas privadas, el sector público y de otros organismos para el efectivo logro de las metas fijadas; y en el acceso al financiamiento climático.
“Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a establecer anualmente límites de derechos de emisión de GEI, compatibles con el objetivo comprometido, de cumplimiento anual y obligatorio para todos los sujetos del sector público y privado, de forma tal que quienes contaminan sean responsables, en la medida que les corresponda, de cumplir con las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país y asumiendo que existirá un porcentaje de nueva capacidad/producción/demandantes a los que también se les deberá asignar derechos de emisión sin costo para que este mecanismo no represente una barrera de ingreso ni discriminatorio”, señala el proyecto de ley.
Y si bien el Ejecutivo será quien monitoree el cumplimiento de tales metas (y de penalizar en caso que no alcancen), las entidades que hayan logrado sus objetivos podrán vender los servicios a aquellas que los necesiten para conseguir la meta y evitar la penalización.
Esta medida fue anticipada por Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía de la Nación, en pasadas conversaciones con Energía Estratégica (ver nota), cuando vaticinó que se procuraría el cumplimiento de las metas de reducción de GEI y se implementarán medidas de eficiencia energética costo efectivas mediante un Esquema de Certificados de Eficiencia Energética transable, en pos de desarrollar un mercado que permita transitar la transición de manera “efectiva y económica”.
Por otra parte, la iniciativa del gobierno de Javier Milei proyecta “adecuar” el marco regulatorio de la energía eléctrica (Leyes N° 15.336 y N° 24.065) con el fin de liberar la comercialización, competencia y ampliación de tal mercado, especialmente la libre elección de proveedor de energía eléctrica a los usuarios finales.
Es decir que se podría abrir la puerta a un mercado libre en el sector, tal como sucede en Brasil, donde los participantes pueden negociar libremente el proveedor, precio, cantidad de energía contratada, período de suministro, formas de pago, entre otras cosas; y para el que se esperan cerca de 82000 usuarios para el verano 2024.
O mismo similar al caso de Chile, donde hoy en día los usuarios optan por sujetarse al régimen de tarifa regulada o al de precio libre y de ese modo, negociar su suministro y acceder a tarifas más bajas, a energías renovables, servicios de telemedición y eficiencia energética.
Además, el proyecto de ley firmado por Nicolás Posse, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, busca abrir el juego al desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica mediante mecanismos “abiertos, transparentes, eficientes y competitivos”, entre otras cuestiones.
Unificación de los Entes Reguladores y privatización de empresas estatales
Más allá de lo previamente mencionado, la sección V de la iniciativa del Ejecutivo plantea reemplazar el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) por un único Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad.
Sumado a que finalmente se dio a conocer que tanto Energía Argentina SA (ENARSA) como YPF están en el listado de empresas públicas sujetas a privatización, siguiendo la línea del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Milei lanzó pocos días atrás.
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