Desde octubre de 2023, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha lanzado al menos 22 procedimientos de contratación para ampliar y modernizar las redes eléctricas en México con el objetivo de resolver las principales congestiones en el Sistema Eléctrico Nacional.
Estos procedimientos cobran vital relevancia en México teniendo en cuenta que el país debe hacer inversiones para reforzar sus redes de forma inmediata y satisfacer las necesidades energéticas presentes y futuras.
Bajo esta premisa, Arturo Carranza el especialista del sector y director de Proyectos de Energía de AKZA Advisors, explica en diálogo con Energía Estratégica en qué estado se encuentran estos procesos licitatorios y cuales son los principales desafíos que enfrenta el país para llevarlos a cabo.
¿Qué licitaciones deberían salir primero y por qué?
Desde noviembre de 2023, la Comisión Federal de Electricidad ha iniciado un proceso transparente y abierto de licitaciones que contempla poco más de 20 proyectos de transmisión y transformación. Estos proyectos contribuirán a ampliar y modernizar las redes eléctricas a lo largo y ancho del país. Estas obras significan desafíos no solo para la CFE, sino también para las empresas contratistas interesadas en dichas licitaciones. A los aspectos técnicos y financieros, inherentes a cualquier proyecto de infraestructura eléctrica, se suman otras cuestiones que hoy en día marcan la pauta de las inversiones en el país.
Uno de los proyectos que se lanzó primero fue el que se conoce como «I20», que servirá para resolver problemas de congestión en la costa oeste de México. Destaca, también, el proyecto «I19», que se publicó en diciembre pasado. Este proyecto tiene como objetivo resolver problemas de congestión en estados del centro del país. Algunos otros proyectos que sobresalen son los que ampliarán la capacidad de transmisión y transformación en las penínsulas de Yucatán y de Baja California, así como en los estados del norte del país.
¿Esas primeras licitaciones cuando deberían lanzarse?, qué plazos de adjudicación deberían manejarse y cuáles son los plazos de construcción?
Los procedimientos de contratación asociados a estos proyectos de transmisión y transformación de la CFE están, actualmente, corriendo su curso y cumpliendo con una serie de etapas previstas por las propias disposiciones de contratación. Estas etapas siguen una secuencia que empieza con la publicación de las licitaciones, las visitas de sitio, las sesiones de aclaraciones, la presentación de ofertas, y que termina con los fallos de los procedimientos. Actualmente la mayoría de las licitaciones se encuentran en la etapa de sesión de aclaraciones o en la presentación de ofertas, aunque algunas de ellas – las menos – ya se asignaron.
¿Qué tan importante es que se retomen las subastas de largo plazo para aprovechar las oportunidades del nearshoring en el país?
Estos proyectos de transmisión y transformación favorecerán la solución de algunos de los desafíos del Sistema Eléctrico Nacional. De manera puntual, ayudarán a llevar energía eléctrica desde los centros de generación a los lugares donde se consume a partir de criterios indispensables como el de seguridad y confiabilidad.
Otros desafíos del Sistema Eléctrico Nacional, como el vinculado a la necesidad de adicionar 2,000 MW anuales para satisfacer el incremento de la demanda eléctrica nacional, deberán resolverse con la adopción de otras medidas. Estas medidas tienen que fundamentarse en una estricta planeación que involucre a las autoridades energéticas, al regulador, al operador y a los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista.
Las subastas de largo plazo resultaron un mecanismo atractivo y eficiente para aumentar la capacidad instalada de generación eléctrica, principalmente renovable, en el Sistema Eléctrico Nacional. Por ello, México haría bien en reflexionar y discutir seriamente en torno a la posibilidad de retomarlas.
¿Nota mayor apertura por parte de la CFE en trabajar con empresas del sector privado?
Hacia el final de la actual administración se observa un mayor entendimiento entre la CFE y los privados. Las asociaciones que la empresa pública de energía ha anunciado con empresas privadas para desarrollar y ejecutar proyectos de gas natural son una muestra de ello.
El interés que los proyectos de transmisión y transformación han despertado entre empresas nacionales e internacionales son otra muestra de que ambas partes están interesadas en atender conjuntamente los desafíos y las oportunidades de la actual coyuntura, donde el proceso de relocalización y la crisis climática tienen un peso determinante.
¿Qué otras medidas se han sugerido para promover más energía limpia ante la fuerte demanda de energía que experimenta el país?
Tras la pandemia, en el mundo se advierte una discusión más intensa sobre la necesidad de acelerar el impulso de tecnologías y acciones que contribuyan a garantizar a un tiempo el acceso a energía eléctrica y la reducción de emisiones contaminantes por la generación y el uso de esa energía. México no escapa de esta dinámica. En el sector público, pero sobre todo en el sector privado, se toman decisiones para impulsar lo que son destinos inevitables para la humanidad: los sistemas de almacenamiento de energía y el hidrógeno verde.
En el país también se avanza, aunque lentamente, en la elaboración e implementación de normas de eficiencia energética para edificios públicos. Esto último jugará en el futuro un papel determinante para reducir el uso de energía eléctrica y las emisiones contaminantes.
¿Cuáles son los mayores desafíos técnicos y financieros que han identificado?
Los desafíos relacionados con los proyectos de transmisión y transformación de la CFE tienen que ver, principalmente, con los tiempos de ejecución de las obras y con la manera en que se financiarán las mismas.
Puesto que el plazo de ejecución de los trabajos es mayor a 200 días, las empresas interesadas en los proyectos han puesto sobre la mesa la inquietud que genera el cambio de administración.
En cuanto al tema de financiamiento, las empresas interesadas están en un diálogo constante con la CFE para lograr condiciones de certeza con respecto al cumplimiento de los programas de ejecución de las obras y al pago por las mismas.
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