Ayer, en el marco del ciclo de entrevistas audiovisuales ‘Protagonistas’, producido por Energía Estratégica, Rodrigo Negrete Montes, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), abordó una serie de temas relevantes en relación con la implementación de proyectos de energías renovables en Colombia.
Entre los tópicos tratados, el directivo comentó cómo se encuentra la relación de la ANLA con las consultas previas; la situación del proyecto Windpeshi, donde Enel decidió suspender su construcción; la cantidad de proyectos que se esperan presentar ante la ANLA este año; la meta del presidente Gustavo Petro de alcanzar 2 GW al final de su mandato, pero que internamente apuntan a 6 GW; y los preparativos de la ANLA para recibir una gran cantidad de proyectos, entre ellos de energía eólica costa afuera.
Respecto a la situación del parque eólico Windpeshi, de 205 MW, ubicado en La Guajira, donde Enel decidió parar obras tras “agotar las instancias corporativas internas” con las comunidades y no conseguir un avance promisorio, el director de la ANLA reconoció que la pausa del emprendimiento “es una situación preocupante y un obstáculo en la transición hacia la energía renovable”.
Explicó que existen conflictos socioambientales en la región y que algunas comunidades indígenas se sienten excluidas de las decisiones. Indicó que aunque se han logrado acuerdos con algunas comunidades, la negociación con la totalidad de la tribu se torna un entramado muy complejo de resolver.
La ANLA espera que esta alerta generada por Enel se traduzca en acciones más efectivas por parte del gobierno para resolver el conflicto y evitar que situaciones similares ocurran con otros proyectos en la región.
En relación a las consultas previas, Negrete recordó que, de acuerdo con el convenio 169 de la OIT, la ANLA tiene la obligación de consultar a los pueblos étnicos cuando existan proyectos o actividades que puedan afectarlos.
Aclaró que la ANLA no lidera este proceso, sino que lo coordina el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta Previa. La ANLA participa en talleres de identificación y manejo de impactos, pero no tiene control ni regulación sobre el proceso de consulta previa.
Una vez que se completa este proceso, las empresas interesadas solicitan la licencia ambiental a la ANLA, quien evalúa si se cumplen las obligaciones ambientales derivadas de la consulta previa. ¿Qué opinó sobre la posibilidad de que se estandaricen las consultas previas?
6 GW renovables al 2026
Por otra parte, Negrete hizo mención al mandato de 2 GW renovables operativos al 2026 que especifica el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado recientemente. Pero indicó que el presidente Gustavo Petro ha solicitado puertas adentro la meta de dejar instalada una capacidad de 6 GW al final de su mandato, como parte de los objetivos de transición energética y cambio climático.
La cifra no parece extremadamente ambiciosa si se considera que en marzo pasado se le ha asignado capacidad de transporte al Sistema Interconectado Nacional a 7.493 MW renovables: 5.774 MW corresponden a energía solar, posicionándose como la principal tecnología que estará liderando la transición energética del país con 147 proyectos. En segundo lugar se encuentra la eólica con 1.237,8 MW en 10 proyectos, 6 de los cuales son offshore por 349,8 MW.
Y se espera que próximamente transcurra un proceso similar, donde se asigne más potencial limpia. Cabe recordar que se habían presentado un volumen por cerca de 60 GW a la red cuando la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).
En esa línea, Negrete enfatizó sobre la cantidad de proyectos que esperan recibir desde la ANLA, donde destacó el crecimiento significativo en la presentación de proyectos de energías renovables en Colombia. Mencionó que en 2022 se otorgaron 10 licencias ambientales, y hasta la fecha actual se han otorgado 34 licencias, de las cuales 22 son de generación y 12 son de líneas de transmisión.
Sin embargo, también señaló que han surgido dificultades debido a deficiencias en los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas. La ANLA está trabajando en fortalecer las capacidades de las empresas y en colaborar con otras entidades gubernamentales para agilizar los procesos y avanzar en las metas de transición energética.
Costa afuera
Ante el creciente interés en el desarrollo de proyectos de energía renovable, en particular en el campo de la energía eólica costa afuera, la ANLA se está preparando para hacer frente a los desafíos que esto conlleva.
En primer lugar, la entidad de licenciamientos ambientales ha estado trabajando en fortalecer sus capacidades técnicas y humanas para evaluar adecuadamente los proyectos de energías renovables y garantizar su cumplimiento con los estándares ambientales establecidos.
Han invertido en la capacitación de su personal y han mejorado los procesos internos para agilizar los trámites y garantizar una evaluación exhaustiva de los impactos ambientales de cada proyecto.
Además, la ANLA ha establecido alianzas estratégicas con otras entidades gubernamentales y organizaciones especializadas en energías renovables. Esto les permite contar con el apoyo y la experiencia necesaria para abordar los retos técnicos y regulatorios que surgen en la implementación de estos proyectos.
Uno de los desafíos específicos en el caso de la energía eólica costa afuera es la evaluación de los impactos ambientales en ecosistemas marinos y costeros. La ANLA ha venido trabajando en la elaboración de lineamientos y protocolos específicos para evaluar estos impactos y garantizar la protección de la biodiversidad marina y los ecosistemas costeros. También se ha enfocado en establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento a largo plazo para evaluar los impactos ambientales durante la operación de los proyectos.
Además, la entidad está en constante diálogo con las comunidades locales y los pueblos étnicos para asegurar una participación activa y una consulta adecuada en la toma de decisiones relacionadas con los proyectos de energías renovables. Se busca garantizar que los beneficios de estos proyectos sean equitativamente distribuidos y que se respeten los derechos de las comunidades afectadas.
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