Comunidades mapuches cumplen más de 24 horas de protesta frente al ingreso de las plantas de tratamiento de residuos petroleros.

La Confederación Mapuche de Neuquén realiza desde este lunes un bloqueo que impide el acceso a cinco plantas de tratamiento de residuos peligrosos que se ubican en Añelo y que se encargan de recibir material —fundamentalmente lodos de cutting— que proviene de la perforación y completación de pozos en Vaca Muerta. Desde la gobernación provincial, que encabeza Rolando Figueroa, no están convencidos de la implementación del Comando Antibloqueos que creó hace 10 días la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mientras tanto, la Justicia neuquina confirmó a EconoJournal que es inminente el desalojo de la protesta.

El bloqueo impide el ingreso a las plantas Comarsa, Treater, Indarsa, Ecopolo y San, ubicadas en Añelo, el centro neurálgico de Vaca Muerta. Estas instalaciones reciben los desechos derivados de la perforación y fractura hidráulica de pozos petroleros que incluyen los recortes de perforación –cutting– y el agua de producción denominada flowback.

La protesta se da días después de que el Ministerio de Seguridad de Nación diera a conocer -a través de la Resolución 893/24- la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, un grupo de fuerzas especiales que apunta a evitar cualquier tipo de protesta en Vaca Muerta, en zonas portuarias o mineras y que ya generó mucho ruido en la provincia. Si bien desde el gobierno de Neuquén aún no formalizaron ninguna declaración, fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia afirmaron a este medio que la presencia del comando «atentaría contra la autonomía provincial».

Protesta mapuche

Mientras tanto, esta mañana el fiscal de Delitos Económicos, Juan Manuel Narváez, confirmó a EconoJournal que es inminente el desalojo de la protesta mapuche por parte de la Policía provincial y aseguró que la orden se cumplirá en el transcurso del día mientras aguardan la llegada de efectivos policiales, ambulancias y Bomberos para comenzar con el operativo.

“Ayer se hizo una intimación para que se retiraran y hoy se pedirá el desalojo. Se está coordinando con la Policía porque hay mucha gente en la protesta”, sostuvo en diálogo con este medio.

El bloqueo comenzó en reclamo de una serie de pedidos que incluyen personerías jurídicas, relevamientos de tierras y registro de comunidades. En este sentido, apuntan al gobernador Rolando Figueroa por “incumplir las promesas de campaña”.

La Confederación pide que se reconozca la legalidad de algunas comunidades que habitan zonas cercanas a Vaca Muerta como Newen Kura, en Sauzal Bonito, Futa Xayen, de San Patricio del Chañar o Xem Kimvn, de Cutral Co.

Además, exigen la clausura de las plantas de tratamiento de residuos petroleros, ya que aseguran que “funcionan al margen de las normas ambientales, con el silencio pasivo de la Secretaría de Ambiente”, organismo al que acusan de acumular expedientes con denuncias.

Indarsa es una de las plantas encargadas del tratamiento de recortes de perforación «cutting» o agua utilizada en hidrofracturas «flowback».

Repudio al comando antibloqueos

El pasado 5 de septiembre el Boletín Oficial publicó la Resolución 893/24 que cuenta con la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y que crea el Comando Unificado de Seguridad Productiva.

El documento argumenta que “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias de Bahía Blanca, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta, zonas mineras o Parques Industriales”.  En este sentido, afirman que estas protestas significaron “un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.

La resolución ordena a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria a conformar este comando y, al mismo tiempo, insta a las provincias a designar miembros de sus fuerzas para formar parte.

Al conocerse la publicación, el primero en expedirse en Neuquén fue el titular del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, quien en una asamblea que se realizó en Rincón de los Sauces manifestó un enérgico repudio y llamó a las operadoras a expresarse en su contra: “Se les ha ocurrido formar un comando antibloqueos y llenar los yacimientos de policía y Gendarmería. Si piensan que con eso nos van a asustar, están equivocados. Les vamos a presentar batalla, que traigan todo lo que quieran”, lanzó

Luego pidió al gobierno de la provincia y a las empresas “rechazar esa idea de llenarnos de milicos para asustarnos. No hace falta que nos quieran domesticar como a un perro. No somos animales para que nos vengan a apalear”.

En diálogo con EconoJournal, fuentes del Ministerio de Seguridad de Neuquén manifestaron que la presencia del comando atentaría contra la autonomía provincial y aseguraron que “una cosa son los territorios nacionales donde Nación tiene injerencia –como las rutas nacionales o el puente carretero- y otra son los provinciales. No corresponde y no es de su competencia”. Consultados sobre la posibilidad de designar miembros para el comando -algo que establece la Resolución- respondieron que no hubo ningún pedido formal desde la cartera que conduce Bullrich.

Por otra parte, los diputados provinciales del Movimiento Popular Neuquino, Comunidad y Unión Por la Patria elevaron un proyecto de repudio donde aseguran que el comando constituye una “velada amenaza a los derechos de los trabajadores y de cientos de empresas que trabajan armónica y pacíficamente en esta región” y rechazan “cualquier intento por parte del gobierno nacional de  apropiarse directa o indirectamente de la seguridad del territorio neuquino”.

, Laura Hevia