La Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el martes pasado el proyecto de Ley que prohíbe en Chile el funcionamiento de centrales de generación termoeléctrica a carbón a partir del 31 de diciembre de 2025, así como también la instalación de nuevas unidades.
Con 93 votos a favor, cinco en contra y 48 abstenciones, el recinto dio media sanción a la propuesta ingresada en enero de 2020. “Estamos celebrando la decisión de la Cámara y esperamos que pase al Senado en los próximos días”, confía Sara Larraín a Energía Estratégica.
La destacada activista chilena, quien en 1999 se presentó como primera candidata a elecciones presidenciales, considera que esta aprobación “es una señal importante que le da claridad a los ciudadanos, a la política y al mercado”.
Sin embargo, la especialista analiza que en el Senado “muy probablemente va a haber algún tipo de negociación para poner una fecha en torno al año 2030”.
¿Por qué al 2030? Una de las principales razones, además de concederle mayor plazo a las empresas generadoras, sería el inicio de operaciones de línea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, obra que requerirá una inversión de 1.000 millones de dólares y tendrá la capacidad de transportar 3.000 MW nominales, que se ocuparían con fuentes renovables.
“El looby del oficialismo va a ser fuerte en el Senado y, por ende, la discusión va a ser fuerte”, señala Larraín, y observa que si se fija una nueva fecha al 2030, “tendrá que haber una negociación de comisiones mixtas entre el Senado y la Cámara” para poder avanzar con una Ley definitiva.
Larraín opina que sería ideal que al 2025 las termoeléctricas a carbón dejaran de funcionar, pero señala que la modificación de la fecha al 2030 tampoco estaría mal. “Son 10 años menos de lo que inicialmente estableció el Gobierno”, observa respecto a la meta de descarbonización al 2040.
Sara Larraín, reconocida activista chilena
Justamente, en la discusión de Diputados y Diputadas, el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, explicó que adelantar el cierre de las centrales a carbón encarecería el precio de la energía, porque debería ser reemplazada por fuentes más caras, y advirtió que se pone en riesgo miles de puestos de empleo que dependen de esa actividad.
Pero para Larraín no deberían suceder tales cosas. Respecto a la cuestión laboral, responde: “El Gobierno dio una cifra de 13 mil empleos en carboneras. Pero esa cifra sale de un estudio del BID, en el contexto de la mesa de descarbonización del año 2018, donde se incluye toda la actividad: desde la minería hasta las centrales, teniendo en cuenta los puertos, entre otras cosas.
La especialista cuenta que las generadoras han manifestado que el promedio de empleos directos es de 50 trabajadores por central. Teniendo en cuenta que 14 de las 28 centrales ya han cerrado y otras tienen fecha de cierre para el 2025, sólo habría que reubicar a unos 700 trabajadores de las 14 plantas restantes que aún no han manifestado cuándo dejarán de operar.
Sobre este tema, Larraín sostiene: “Debería haber un acuerdo entre el gobierno y las empresas para que éstas cumplan con la Ley laboral. Y en todo caso, el Gobierno tiene planes de desarrollo regional y local para hacerse cargo de capacitación para reconversión laboral”.
Según la experta, en ese mismo estudio del BID donde se señalaba que la actividad carbonera emplea a unas 13 mil personas, se indicaba también que la transición energética hacia las renovables podría triplicar ese número en puestos de empleo.
En cuanto a la suba de precios por reemplazo de las centrales a carbón, la ex candidata a presidente sopesa: “Puede haber un pequeño traslapo de la elevación de tarifas, tal vez uno o dos años, mientras se cruzan las últimas centrales, principalmente porque se va a tener que utilizar un respaldo a gas”.
Pero sostiene que las energías renovables luego tenderán a bajar el precio. En ese sentido, pregunta y responde: “¿Por qué todas las grandes mineras en Chile están renovando sus contratos con las grandes energéticas para solamente renovables? Porque son costos muchos más baratos que los que estamos pagando los clientes regulados”.
