El pasado 20 de diciembre, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Competitividad Energética, con el objetivo de que se exponga a debate y se obtenga su aprobación.

En el marco de la grave crisis energética de Ecuador, donde existe un déficit de 465 MW que afecta el sistema productivo y económico del país, el mandatario calificó la normativa como «urgente en materia económica».

Oficio No. T.43-SGJ-23-0017

El proyecto de ley propone la creación de un fondo de eficiencia energética a cargo del gobierno y la cooperación internacional para que se realicen las inversiones de infraestructura eléctrica y para fomentar el ahorro de energía.

Según al documento, este fondo será la «herramienta de financiamiento» para las siguientes medidas:

Campañas de ahorro energético
Proyectos de sustitución  y recambio de equipos, maquinarias y electrodomésticos.
Implementación de sistemas de gestión de energía.
Programa de cogeneración en la industria nacional.
Diversos programas del Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE) como la normalización y etiquetado de equipos que consumen energía.

En concreto, el esquema de reformas normativas propuestas en el escrito abarca:

Contratos autorregulados para compraventa de energía;
Presupuesto para la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
Acciones de control de la Arconel sobre la gestión de las empresas eléctricas.
Delegación a empresas privadas, en casos excepcionales, para el desarrollo de actividades del servicio público de energía eléctrica y del servicio de alumbrado público.
Deducción al Impuesto a la Renta (IR) por la disminución o ahorro en las facturas de consumo anual de energía eléctrica.
Condonación de intereses derivados de deudas en el pago del servicio público de energía eléctrica y de alumbrado público.

De acuerdo al artículo 1 del escrito, la presente ley tiene por objeto promover soluciones económicas y de generación de energía a fin de superar la crisis energética, optimizando el manejo de recursos públicos asociados al sector eléctrico.

 

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